Tres salvadoreños deportados de EE.UU. desaparecieron en El Salvador tras ser entregados al régimen de Bukele. Sus familias no tienen información y denuncian los casos como “desapariciones forzadas” ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Tres salvadoreños deportados de EE.UU. desaparecieron en El Salvador tras ser entregados al régimen de Bukele. Sus familias no tienen información y denuncian los casos como “desapariciones forzadas” ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Una grave crisis humanitaria ha surgido de la colaboración entre Estados Unidos y El Salvador en la lucha contra el narcotráfico. Un informe de prensa revela que tres ciudadanos salvadoreños expulsados del territorio estadounidense—en vuelos que también repatriaron a cientos de venezolanos acusados de pertenecer a pandillas—han desaparecido tras ser entregados a las autoridades del régimen de Nayib Bukele. Sus familiares llevan seis meses sin saber el paradero de sus seres queridos, una situación que, según las denuncias presentadas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, encaja con la definición de “desaparición forzada” de las Naciones Unidas, publicado en El País.
La falta de información es total. Mientras que las autoridades estadounidenses aseguraron que los hombres fueron deportados en los vuelos programados, sus familiares en El Salvador fueron recibidos con la noticia de que sus nombres habían sido “tachados” de las listas de llegadas. Desde entonces, las familias se han estrellado contra un muro de silencio oficial. Como el abogado Kelvi Zambrano ha denunciado, todos los intentos por obtener información, incluyendo la presentación del recurso de habeas corpus, han sido infructuosos.
sLas historias de los tres hombres desaparecidos—José Osmín Santos, Brandon Sigaran y William Martínez—muestran el lado más oscuro de la política de “mano dura” contra las pandillas.
José Osmín Santos (40): su último contacto fue una llamada telefónica desde un centro de detención migratorio en Nueva York, donde alcanzó a decirle a su hermana Sulma que lo iban a “mover” a El Salvador. Tras la llegada del avión, su nombre no apareció en la lista de deportados, y a partir de ese momento, su expediente en Estados Unidos desapareció.
Brandon Sigaran (22): su caso es un símbolo de la arbitrariedad. Fue detenido por cruzar la frontera y acusado de ser pandillero. Su crimen: tener un tatuaje de un perro llamado bullet (bala, en inglés), que también era el alias de un conocido pandillero salvadoreño. Su familia gastó 25.000 dólares en abogados para intentar evitar su deportación, pero el juez desestimó las pruebas de su buen carácter. Una fuente de la Cruz Roja confirmó a la familia que Brandon estaba en el CECOT, la cárcel de máxima seguridad de Bukele, como parte de un “canje” con el Gobierno de EE. UU.
William Martínez (21): fue deportado por un delito menor (las drogas incautadas en su coche pertenecían a un amigo). Su madre, que vive en Texas, ha recibido un único rayo de esperanza de otro deportado por “error”, Kilmar Abrego García, quien le dijo que William fue transferido del CECOT a una prisión de Santa Ana y que se encuentra trabajando.
La situación de los tres hombres es un reflejo de que, a pesar de que ninguno está acusado oficialmente de pertenecer a una pandilla, el gobierno de Bukele los mantiene en prisión bajo la sospecha de ser miembros de la red criminal. La falta de un proceso judicial justo y la connivencia de los tribunales han convertido a las instancias internacionales en la “única esperanza de justicia” para las víctimas de la represión.
La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU ha documentado que la violencia y los abusos contra los prisioneros son una práctica sistemática en El Salvador. En este contexto, la deportación de ciudadanos por parte de Estados Unidos y su posterior desaparición en El Salvador es un recordatorio de que la política de “mano dura” contra el narcotráfico se está librando a costa de los derechos humanos.
Mediante el Decreto 80/2026, el Ejecutivo nacional incluyó a la provincia santacruceña en la emergencia ígnea tras el avance del fuego en Los Glaciares. La medida responde a una crisis climática que ya superó la capacidad de respuesta local.
La desclasificación de archivos del Departamento de Justicia de EE. UU. reveló transferencias de dinero del pederasta al estilista argentino. Los documentos sugieren un vínculo forjado en la exclusividad de Punta del Este.
Tras la polémica adjudicación a una firma extranjera, Luis Caputo anunció un nuevo proceso de compra para los próximos 60 días. El ministro buscó calmar las aguas con el holding de Paolo Rocca.
Tras el receso de enero, el Tribunal Oral Federal N°7 reanuda las audiencias. La expresidenta, convaleciente de una cirugía, prepara una catarata de nulidades contra el proceso.
El país atraviesa una semana de contrastes térmicos extremos. Mientras el AMBA se encamina a su tercera ola de calor, la Patagonia enfrenta temperaturas críticas e incendios fuera de control.
El artista puertorriqueño hizo historia al obtener el premio a Álbum del Año con un disco íntegramente en español. La ceremonia estuvo marcada por fuertes discursos contra las políticas migratorias.
La Justicia ordenó suspender toda actividad de vehículos en “La Frontera” tras el grave accidente de un menor. El fallo exige seguridad real sobre la especulación privada.
Miguel Díaz-Canel expresó su voluntad de dialogar con Estados Unidos bajo condiciones de respeto mutuo, mientras Donald Trump confirmó contactos con la cúpula cubana. La crisis energética, agravada por el fin del crudo venezolano, impulsa acercamientos diplomáticos y posibles acuerdos.
