Durante la campaña presidencial de 2019, el diputado libertario José Luis Espert voló en 35 ocasiones en aeronaves pertenecientes a empresas de Fred Machado, acusado por narcotráfico y lavado de dinero. Además, se investiga una transferencia de 200 mil dólares vinculada a la campaña electoral.
La Justicia federal, conducida por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, corroboró que durante el año 2019 el diputado libertario José Luis Espert realizó al menos 35 vuelos en aviones vinculados a Fred Machado, un empresario que actualmente cumple prisión domiciliaria en Viedma acusado de narcotráfico y lavado de dinero. De estos viajes, en cinco ocasiones compartió la aeronave con el propio Machado, según declaraciones testimoniales aportadas en la causa 1780/2021.
Espert admitió que utilizó esos vuelos con fines electorales, aunque aseguró desconocer que las aeronaves pertenecían directa o indirectamente a Machado, y afirmó no haber participado en la contratación ni supervisión de los gastos vinculados a esos traslados. Según fuentes judiciales, algunos pilotos de la empresa Med Aviación SA, propietaria de los aviones, confirmaron haber trasladado a Espert en distintas rutas aéreas argentinas durante la campaña presidencial.
Paralelamente, la Justicia en Estados Unidos confirmó la existencia de una transferencia por 200 mil dólares a favor de Espert, realizada en febrero de 2020, proveniente de una socia de Machado involucrada en lavado de dinero. Esta transferencia es investigada en una causa conexa y aún no se ha determinado su eventual vínculo con el financiamiento político.
El diputado presento un descargo en la investigación, manifestando que no gestionó ni tuvo conocimiento directo sobre la administración de los fondos de campaña de la agrupación política UNITE, y solicitó ser sobreseído. Sin embargo, las irregularidades detectadas en la rendición de gastos electorales y las pruebas reunidas mantienen abierto el caso, bajo la lupa también de otros fiscales y jueces vinculados.
El escándalo implica un desafío para el espacio ideológico de La Libertad Avanza y su líder, Javier Milei, quien ha respaldado públicamente a Espert, denunciando una persecución política en su contra. La causa judicial permanece en desarrollo y mantiene la atención puesta en las próximas decisiones judiciales que podrían tener repercusiones políticas importantes.
El Gobierno denunció penalmente a ATEPSA por comprometer la seguridad aérea en Ezeiza y Aeroparque durante sus protestas. El conflicto, judicializado ante el juez Rafecas, ya afecta a 40.000 pasajeros, mientras el gremio ratificó paros escalonados para las fiestas.
La justicia autorizó a Cristina Kirchner a utilizar la terraza de su domicilio dos horas diarias, equiparando el beneficio al patio carcelario. No obstante, mantuvo la tobillera electrónica y restringió visitas tras considerar imprudente la difusión de reuniones políticas previas.
Investigadores de la UNSAM determinaron, mediante inteligencia artificial, que la enfermedad pulmonar en prematuros comprende cuatro variantes distintas. Este hallazgo en The Lancet permite diagnósticos precoces y tratamientos específicos según la trayectoria respiratoria, mejorando drásticamente la supervivencia de los neonatos.
FAdeA completó el IA-100B, un avión de entrenamiento nacional para formar a los futuros pilotos de los F-16. La aeronave acrobática, fabricada con materiales compuestos, busca certificar su uso civil y militar, despertando ya el interés exportador de países vecinos.
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La CGT tildó de “inconstitucional” la reforma laboral oficialista en el Senado, denunciando que desprotege al trabajador y rompe pactos internacionales. Los gremios criticaron el debate apresurado y ratificaron protestas masivas para impedir que la ley se apruebe sin consenso sindical.
Mendoza rechazó las críticas de Federico Sturzenegger, quien comparó al sector viñatero con la AFA por resistir la desregulación. El gobernador Cornejo y los productores defienden los controles del INV para asegurar la calidad y evitar la concentración del mercado.
Los líderes de la UE debaten en Bruselas el uso de fondos rusos congelados para financiar a Ucrania y evitar su quiebra en 2026. Paralelamente, el canciller Merz impulsa la firma del acuerdo con el Mercosur para fortalecer la credibilidad comercial europea.
