La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) fijó nuevos topes para transferencias, extracciones y otras operaciones financieras que comenzarán a regir desde el 1° de octubre. La medida busca reforzar controles sobre movimientos de dinero y evitar posibles maniobras irregulares o no declaradas.
Las nuevas disposiciones actualizan considerablemente los límites respecto al semestre anterior, ajustándose según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC. Los principales umbrales para personas físicas y jurídicas son:
Estos valores reflejan un aumento significativo en comparación con los límites previos, que en varios casos eran del orden del millón o dos millones de pesos.
ARCA no bloquea automáticamente las operaciones que excedan estos montos, pero las entidades financieras, incluidas las billeteras virtuales, están autorizadas a solicitar a los usuarios documentación que respalde el origen lícito de los fondos para liberar la operación. Entre los documentos recomendados se encuentran:
Contar con la documentación adecuada y actualizada es fundamental para evitar demoras o retenciones en las operaciones.
El propósito declarado por ARCA es garantizar la trazabilidad y legalidad de los movimientos bancarios y financieros, velando porque estos coincidan con los ingresos declarados y obligaciones tributarias cumplidas.
La vigilancia se extiende especialmente a operaciones que superen los límites establecidos, que podrían generar alertas sobre irregularidades o actividades no justificadas.
El ajuste semestral de los topes con base en el IPC busca mantener la vigencia y pertinencia de los controles ante la dinámica inflacionaria del país, adecuando los valores al contexto económico actual.
Si bien la mayoría de las personas no verá afectadas sus operaciones habituales, quienes realicen movimientos frecuentes o elevados deben planificar financieramente y asesorarse correctamente para evitar inconvenientes.
La recomendación es distribuir pagos a lo largo del mes y mantener un orden riguroso en la documentación fiscal y contable.
Queda abierta la discusión sobre el impacto que estas medidas podrían tener en la informalidad financiera y en el uso de tecnologías digitales para pagos, así como en la eficiencia y transparencia del sistema tributario.
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