El abogado Gregorio Dalbón, representante de Cristina Fernández de Kirchner, presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por abuso de autoridad. La denuncia se fundamenta en declaraciones recientes donde Milei aseguró haberse arrogado la potestad de decidir la prisión de la expresidenta, una admisión que, según Dalbón, afecta la independencia judicial y viola …
El abogado Gregorio Dalbón, quien representa a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, anunció este lunes que presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por el delito de abuso de autoridad. La denuncia se basa en declaraciones que Milei hizo durante una entrevista televisiva, donde afirmó: “Soy el primer Presidente que tomó la decisión de que Cristina Fernández de Kirchner vaya presa”.
Dalbón calificó esta situación como lawfare y aseguró que la frase “no es una opinión política: es la admisión de un acto de poder ilegal, una decisión manifiestamente contraria al orden constitucional y a la independencia del Poder Judicial”. Subrayó que al atribuirse la facultad de decidir quién va preso, el presidente se coloca por encima de los jueces, violando el artículo 109 de la Constitución Nacional, configurando así una forma explícita de abuso de autoridad.
Además, explicó que esta declaración encuadra en el supuesto del artículo 366 inciso b del Código Procesal Penal Federal, ya que si un jefe de Estado reconoce haber influido en un proceso judicial, se evidencian la ilegitimidad y falsedad de pruebas y sentencias emitidas bajo esa influencia, lo que habilita la revisión aun cuando la sentencia sea firme.
Dalbón aseguró que la denuncia no solo busca sancionar un delito sino también defender el Estado de Derecho y la división de poderes, ante un mandatario que se arroga la potestad de encarcelar a una dirigente opositora.
Por su parte, la abogada Valeria Carreras también presentó una denuncia indicando que la confesión de Milei “deja explícitamente en evidencia la intromisión del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial”. Para Carreras, “es una barbaridad que en Argentina no solo haya persecución política, sino que el presidente decida quién va preso, pasando por encima de la división de poderes y el debido proceso”.
Estas denuncias se tramitan en los tribunales federales de Comodoro Py y están basadas en el delito de abuso de autoridad, previsto en el artículo 248 del Código Penal, que establece que será castigado con prisión e inhabilitación todo funcionario público que ilegalmente arrogue atribuciones que no le competen o las ejerza abusivamente.
Dalbón añadió que los dichos de Milei refuerzan la hipótesis de lawfare en el caso Vialidad, ya que la ex mandataria fue condenada con sentencia firme de la Corte Suprema, pero bajo una influencia política manifiesta reconocida por el propio presidente.
Este caso ha generado repercusiones serias en el ámbito político y judicial, poniendo en el centro del debate la independencia del Poder Judicial y el respeto a la Constitución Nacional.
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