A 34 años del secuestro del expresidente Mauricio Macri, la Corte Suprema de Justicia decidió avanzar en la investigación contra el ex juez Luis Zelaya, acusado de proteger a policías que torturaron a un ex policía para obtener una confesión vinculada al caso.
El 24 de agosto de 1991, Mauricio Macri fue secuestrado cuando llegaba a su domicilio en el barrio porteño de Palermo. Permaneció cautivo durante 12 días en un sótano en condiciones precarias hasta que fue liberado tras el pago de un rescate de seis millones de dólares.
Uno de los protagonistas judiciales controversiales del caso es el ex juez Luis Zelaya, quien fue denunciado por no investigar debidamente y sobreseer a policías federales acusados de torturas aplicadas a Juan Carlos Bayarri, un ex policía que pasó más de una década preso y afirmó que fue obligado bajo tormentos a confesar su participación en el secuestro.
La denuncia de Bayarri llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2008 condenó al Estado argentino por violación de derechos humanos. Sin embargo, la justicia argentina avanzó poco contra los responsables.
La Corte Suprema, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, revocó un fallo anterior de la Cámara de Casación Penal y ordenó reabrir la causa contra Zelaya, señalando irregularidades y omisiones graves en la valoración de la prueba.
El procurador general Eduardo Casal había advertido que las declaraciones de funcionarios del juzgado indicaban que Zelaya admitía que los policías torturaron a Bayarri y que se negaba a procesarlos para evitar repercusiones en otra causa vinculada al secuestro.
Este fallo representa un paso fundamental para esclarecer responsabilidades en una trama oscura de torturas y encubrimientos que se arrastra desde principios de los años 90, y que enmarca un trámite complejo judicial y político alrededor de uno de los episodios más polémicos en la historia reciente argentina vinculada a Mauricio Macri.
La Cámara de Exportadores presentó un plan de 248 propuestas para sumar u$s15.760 millones al comercio exterior. Exigen un régimen de incentivos fiscales, la regularización de deudas por IVA y reintegros, y la eliminación de la obligatoriedad de liquidar divisas para revertir una década de estancamiento del sector.
Donald Trump prometió una expansión económica histórica para 2026, vinculada al 250º aniversario de Estados Unidos. El mandatario otorgará un bono navideño de 1.776 dólares a militares y ratificó planes para eliminar el “Obamacare” junto a un nuevo programa habitacional.
Un estudio observacional en Suecia vincula el consumo de quesos grasos con un menor riesgo de demencia, contradiciendo guías nutricionales previas. Sin embargo, neurólogos advierten que no hay evidencia causal y que el exceso de grasas puede elevar el colesterol, un factor de riesgo probado para el deterioro cerebral.
En un sorpresivo pacto matutino, La Libertad Avanza y el peronismo designaron a los nuevos directores de la AGN. La maniobra excluyó al PRO y la UCR, quienes abandonaron el recinto denunciando traición y falta de códigos del oficialismo nacional.
Para 2026, los usuarios asumirán el 86% del costo eléctrico, reduciendo el subsidio estatal al 14%. El esquema busca eliminar transferencias generales y focalizar la ayuda en sectores vulnerables, acumulando una suba en la cobertura tarifaria superior al 190% desde 2023.
El Senado de Brasil aprobó reducir las penas de Jair Bolsonaro y los condenados por el intento de golpe. La nueva ley limita la sumatoria de delitos en protestas masivas, lo que permitiría al expresidente salir de prisión en solo dos años pese al rechazo de Lula da Silva.
El dólar oficial cerró este jueves en $1.475 en el Banco Nación, mientras que el blue se mantuvo estable en los $1.500. Los dólares financieros mostraron subas, con el CCL alcanzando los $1.554,11, elevando la brecha cambiaria por encima del 7%.
El oficialismo obtuvo 132 votos afirmativos tras una negociación con bloques aliados. El proyecto busca el equilibrio fiscal, pero enfrenta resistencia por la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de discapacidad en la votación particular.
