El juez federal Lino Mirabelli pidió a la Cámara de Diputados autorización para registrar y secuestrar bienes de José Luis Espert, investigado por lavado de dinero tras recibir una transferencia de U$D 200.000 vinculada a un empresario con cargos de narcotráfico. El legislador pidió licencia, pero conserva sus fueros.
El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, envió un pedido formal al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para avanzar con medidas judiciales contra el diputado José Luis Espert.
La solicitud incluye un registro y secuestro de los bienes del legislador, una medida que requiere la autorización del cuerpo legislativo debido a la protección que confiere la ley de fueros.
Este requerimiento judicial responde a una investigación por presunto lavado de dinero, iniciada luego de que se detectara una transferencia por U$D 200.000 a Espert por parte de Federico “Fred” Machado. Este empresario se encuentra detenido y es procesado para extradición a Estados Unidos por delitos que incluyen la conspiración para narcotráfico.
Pese a que Espert solicitó licencia hasta el 8 de diciembre de 2025, mantiene sus fueros parlamentarios, lo que impide que las medidas judiciales puedan llevarse adelante sin la autorización expresa de la Cámara de Diputados.
En consecuencia, la decisión sobre el avance de las medidas recae en el pleno del cuerpo legislativo, que deberá evaluar la situación y votar si habilita el registro y secuestro solicitado.
El pedido de licencia presentado por Espert aún debe ser aprobado por el pleno, y aunque se descuenta que será aceptado, esa aprobación no implica la pérdida automática de sus fueros.
Su banca quedará vacante hasta el fin de mandato, el 10 de diciembre, y existen proyectos de exclusión presentados por otros diputados que buscan removerlo de la Cámara por “indignidad”, pero estos aún deben ser tratados.
La Fiscalía, a cargo del fiscal Fernando Domínguez, imputó a Espert por lavado de dinero, sumando la necesidad de levantar el secreto fiscal y bancario para rastrear posibles movimientos ilegales.
La causa se originó en una denuncia anterior realizada por Juan Grabois y se centra en la hipótesis de que el dinero transferido tenga un origen ilícito vinculado al narcotráfico.
Este caso plantea el desafío de equilibrar la protección institucional que ofrecen los fueros parlamentarios con la necesidad de que la justicia investigue presuntas irregularidades sin interferencias. Pendiente de la resolución del cuerpo legislativo, este hecho abre un nuevo capítulo en la compleja relación entre la política y la justicia en Argentina.
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“La conducta enrostrada a la encartada repulsa la ética y el decoro que deben prevalecer en el accionar de todo funcionario público”, se indicó.
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