Oposición impulsa ley para destinar fondos electorales a la ANDIS: Buscan saldar deudas de $12.169 millones

El bloque Encuentro Federal presentó un proyecto para reasignar los $12.169 millones de la no reimpresión de las boletas a la ANDIS. La iniciativa busca saldar deudas urgentes con prestadores de discapacidad, forzando al Gobierno a redirigir fondos no ejecutados.

Esteban Paulón. Foto NA

El bloque de Encuentro Federal en la Cámara de Diputados ha presentado un proyecto de ley para reasignar un monto millonario a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La iniciativa busca que los $12.169 millones de pesos que se iban a utilizar en la reimpresión de las Boletas Únicas de Papel (BUP) en la provincia de Buenos Aires, sean redirigidos para el “urgente pago de las prestaciones adeudadas” a los prestadores del sistema.

La propuesta surge después de que la Justicia Electoral desestimara la reimpresión de las boletas tras la renuncia del candidato José Luis Espert, dejando disponible una partida presupuestaria que la oposición ahora busca destinar a un área socialmente crítica.

Un reclamo social con destino político

El diputado Esteban Paulón, impulsor del proyecto y referente de Encuentro Federal, utilizó la red social X para presionar al Ejecutivo. Con la consigna “SIN REIMPRESIÓN DE BUP, HAY PLATA!”, el legislador afirmó que su propuesta busca “reconducir recursos subejecutados hacia un fin urgente y socialmente prioritario”. El reclamo de Paulón se alinea con las denuncias de prestadores y organizaciones de personas con discapacidad, que han reportado retrasos prolongados en los pagos del Estado nacional.

El proyecto de ley 5808-D-2025, que cuenta con el respaldo de la diputada Mónica Fein, exige al Jefe de Gabinete de Ministros reasignar el monto total de $12.169 millones hacia la ANDIS y el Programa Nacional de Discapacidad. El texto impone un plazo de 30 días hábiles para el cumplimiento de la medida una vez que sea aprobada por el Congreso.

La jugada de la oposición es un claro intento de obligar al gobierno a priorizar el gasto social, sin que esto implique un aumento en el déficit fiscal. Al utilizar fondos que ya estaban presupuestados para una tarea que no se ejecutará, los legisladores buscan presionar a la administración nacional, que ha sido criticada por los recortes presupuestarios en áreas sensibles. La iniciativa, en definitiva, es una medida de control político que utiliza la eficiencia del gasto público para responder a un reclamo social de larga data.

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