La Defensoría del Pueblo bonaerense y organismos provinciales firmaron un acuerdo para que los medios no difundan imágenes ni datos sensibles de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la Justicia Penal, con el fin de proteger su intimidad y derechos.
El pasado lunes, en la sede de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, se presentó un acuerdo interinstitucional que busca regular el tratamiento mediático de menores involucrados en procesos judiciales.
La iniciativa, impulsada por la Mesa para el Abordaje Interagencial de Situaciones de Jóvenes y Adolescentes, busca impedir que los medios de comunicación difundan imágenes, datos o comentarios que puedan vulnerar la privacidad y dignidad de estos jóvenes.
El acuerdo establece criterios claros para que los medios eviten divulgar fotografías o datos sensibles que permitan la identificación de estos niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal.
Según la Defensoría del Pueblo bonaerense, la exposición mediática puede generar consecuencias negativas no solo en la vida personal y familiar de los jóvenes, sino también en el proceso judicial en sí y en la percepción social sobre ellos.
Guido Lorenzino, Defensor del Pueblo bonaerense, destacó que “con este compromiso se busca fortalecer prácticas responsables, promover la sensibilización de los medios de comunicación y consolidar una agenda que impulse un tratamiento con perspectiva de derechos”.
En ese sentido, la medida persigue la protección integral de los derechos humanos de los jóvenes y adolescentes, respetando su privacidad y evitando estigmatizaciones que puedan afectar su desarrollo y reinserción social.
El acuerdo incluye recomendaciones para una cobertura mediática respetuosa, que no solo proteja la identidad de los menores, sino que también informe de manera ética y equilibrada. Se pretende que los medios actúen con responsabilidad social, evitando la sensationalización y el uso de imágenes o datos que puedan resultar perjudiciales.
Además, se busca una replicación territorial de estas buenas prácticas, para que todas las regiones de la provincia adopten criterios comunes en el tratamiento de la información referida a menores en situación de vulnerabilidad. La iniciativa refleja la necesidad creciente de un periodismo comprometido con los derechos humanos y el bienestar de los sectores más expuestos.
Esta medida pone en evidencia la tensión entre el derecho a la información y la protección de derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes. La implementación efectiva requerirá tanto la voluntad de los medios como mecanismos de seguimiento y sanción en caso de incumplimientos.
El desafío también se extiende a la formación profesional continua de periodistas para la cobertura de temas sensibles y la adopción de una ética comunicacional que no sacrifique la dignidad humana en pos del interés público.
El acuerdo en la provincia de Buenos Aires representa un avance en la construcción de un periodismo más respetuoso y consciente, que invita a reflexionar sobre cómo comunicar con responsabilidad y mantener la protección de los derechos de los sectores más vulnerables.
“La conducta enrostrada a la encartada repulsa la ética y el decoro que deben prevalecer en el accionar de todo funcionario público”, se indicó.
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