El fallo de un juez que utilizó inteligencia artificial para redactar parte de los fundamentos fue declarado nulo por la Cámara de Esquel, que ordenó repetir el juicio por afectar garantías procesales.
El fallo de un juez que utilizó inteligencia artificial para redactar parte de los fundamentos fue declarado nulo por la Cámara de Esquel, que ordenó repetir el juicio por afectar garantías procesales.
La Cámara de Apelaciones de Esquel anuló una condena penal luego de evidenciar que el juez a cargo copió textualmente una frase generada por inteligencia artificial para sustentar la sentencia.
Esta maniobra fue considerada una vulneración al derecho a un debido proceso, pues la sentencia no fue producto de un análisis propio y crítico del magistrado.
Según los argumentos judiciales, el uso de la IA en la redacción de fallos no está prohibido, pero debe ser acompañado de una integración responsable y consciente por parte del juez, lo cual en este caso no sucedió. La falta de supervisión humana comprometió la autenticidad y validez del fallo.
La frase delatora, claramente identificada como generada por un modelo de lenguaje artificial, fue copiada y pegada sin modificaciones ni atribución en los fundamentos del fallo.
Este dato fue clave para que la Cámara decidiera la anulación de la sentencia y ordenara que se repita todo el proceso desde el principio. Este episodio es uno de los primeros casos en el país que visibiliza los riesgos del uso indiscriminado de tecnologías automáticas en el ámbito judicial, resaltando la necesidad de regulaciones precisas.
Los tribunales deben equilibrar el aprovechamiento tecnológico con la preservación de garantías procesales.
La aceleración que supone la IA no puede ir en detrimento de la transparencia ni del razonamiento humano imprescindible en la administración de justicia.
El caso de Esquel advierte sobre la importancia de definir protocolos claros para el uso de IA en cortes y tribunales, garantizando que cualquier asistencia tecnológica sea supervisada y validada por jueces responsables.
Esto aún está pendiente y marcará un nuevo capítulo en el vínculo entre tecnología y derecho. Este hecho obliga a la reflexión sobre cómo implementar innovaciones en la justicia sin sacrificar la calidad ni la legitimidad de sus decisiones.
Las implicancias para la confianza pública en el sistema judicial son profundas y obliga a un debate abierto y riguroso sobre los límites y controles necesarios.
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