Funcionarios y diputados dialoguistas se reunieron a puertas cerradas para acercar posiciones sobre el Presupuesto 2026, pero Unión por la Patria y la izquierda rechazaron participar, reclamando debate público y respeto a leyes vigentes.
Funcionarios y diputados dialoguistas se reunieron a puertas cerradas para acercar posiciones sobre el Presupuesto 2026, pero Unión por la Patria y la izquierda rechazaron participar, reclamando debate público y respeto a leyes vigentes.
Este lunes, en simultáneo con la formalización del swap con el Tesoro de los Estados Unidos, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, convocó a una reunión privada en el Salón de Honor con legisladores aliados para avanzar en negociaciones sobre el Presupuesto 2026.
El titular de la Comisión de Presupuesto, Alberto “Bertie” Benegas Lynch, asumió recientemente en el cargo tras la salida de José Luis Espert. Lo acompañaron el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi.
Al encuentro asistieron representantes de PRO, UCR, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Liga del Interior, MID y Por Santa Cruz.
En contraste, Unión por la Patria rechazó la invitación basada en el carácter informal de la reunión y defendió que la discusión solo debe darse en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, con sesiones públicas. La izquierda denunció exclusión al no recibir invitación.
Los diputados presentes solicitaron que el proyecto incorpore partidas presupuestarias para tres leyes impulsadas por el Congreso: Emergencia en Discapacidad, Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario. Nicolás Massot (Encuentro Federal) advirtió que sin avances en esos puntos será imposible negociar.
El diputado Pablo Juliano (Democracia para Siempre) pidió también la promulgación plena, sin recortes, de la Ley de Emergencia Pediátrica, advirtiendo que limitar fondos provocaría amparos judiciales.
El proyecto oficial prevé un crecimiento económico anual del 5% y una inflación estimada del 10,1%, con un tipo de cambio previsto de $1.423 por dólar para diciembre de 2026.
El gasto total proyectado asciende a aproximadamente $148 billones, con un superávit primario de $2 billones.
El texto incluye aumentos reales del 5% en jubilaciones, 17% en salud, 8% en educación y 5% en pensiones por discapacidad. Destina $4,8 billones a universidades, pero elimina la obligación legal de destinar el 6% del PBI a educación.
Diputados opositores coincidieron en que el oficialismo rechazó los pedidos que fueron planteados, bloqueando avances. Nicolás Massot denunció un conflicto de poderes donde el Ejecutivo incumple leyes sancionadas.
Miguel Ángel Pichetto señaló la ausencia del ministro de Economía, Luis Toto Caputo, en la negociación como un obstáculo clave. Pidió que Caputo participe directamente para explicar el Presupuesto y los cambios que propone.
Una fuente cercana a las negociaciones afirmó que sin la presencia de Caputo será imposible avanzar y interpretó el diálogo como más una puesta en escena que un proceso serio.
El dictamen del Presupuesto está previsto para definirse el 4 de noviembre, aunque se prevén dificultades para concretar acuerdos en tan corto plazo. El oficialismo aceleró la negociación para evitar sancionar un proyecto sin su aval o que termine vetado por el Presidente.
El cumplimiento y reglamentación de las leyes rechazadas por el Ejecutivo (Discapacidad, Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario) es un requisito fijado por los bloques dialoguistas, quienes anticipan que agotarán todas las instancias para lograr un texto con respaldo mayoritario.
Las próximas reuniones formales en la Comisión de Presupuesto y Hacienda contarán con la presencia de funcionarios vinculados a áreas sociales y laborales para responder consultas puntuales.
El escenario muestra un Congreso dividido entre oficialismo y oposición, con crecientes exigencias sociales y presiones internacionales que demandan gobernabilidad y estabilidad fiscal. Los desafíos para alcanzar consensos sobre el Presupuesto 2026 son múltiples y reflejan tensiones estructurales que condicionan la definición política y económica del año próximo.
El resultado de estas negociaciones impactará en la capacidad del Estado para ejecutar políticas sociales y en la reacción de inversores y organismos multilaterales.
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