El fiscal de la causa Vialidad pidió acelerar la recuperación de bienes vinculados a la vicepresidenta y denunció presiones políticas durante el proceso judicial.
El fiscal de la causa Vialidad pidió acelerar la recuperación de bienes vinculados a la vicepresidenta y denunció presiones políticas durante el proceso judicial.
La condena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos impuesta a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por supuestas irregularidades en la gestión de obras públicas en Santa Cruz entre 2003 y 2015 debe ir acompañada de la recuperación efectiva de los bienes sustraídos. Así lo afirmó el fiscal federal, Diego Luciani, responsable de la causa Vialidad, quien insistió en que sin esta restitución no puede considerarse que exista una sentencia ejemplar.
Luciani recordó que la corrupción afecta a Argentina desde hace décadas, causando un daño especialmente grave a los sectores más vulnerables, y que este caso reveló una estructura institucionalizada de fraude en las contrataciones públicas.
Entre los principales involucrados señaló a Cristina Kirchner, su esposo Néstor y su hijo Máximo, quienes habrían favorecido al empresario Lázaro Báez, dueño de unas 420.000 hectáreas en Santa Cruz, una extensión superior a veinte veces la ciudad de Buenos Aires.
El fiscal denunció, además, presiones contra fiscales y jueces, y operaciones orientadas a colonizar la Justicia, incluso a través de espionaje y ataques personales desde sectores políticos. Destacó el respaldo del procurador general interino Eduardo Casal para preservar la independencia fiscal ante estas circunstancias.
Luciani apuntó que la fase de ejecución judicial debe avanzar con la máxima celeridad para decomisar activos relacionados con la condena, para que el fallo tenga un impacto real y funcione como disuasivo frente a la impunidad. Subrayó que esta etapa es clave para incorporar contenido efectivo a la sentencia y exigir responsabilidad plena a los acusados.
Respecto a la acusación contra Cristina Kirchner, el fiscal señaló que se la imputa como jefa de asociación ilícita agravada y administración fraudulenta, con un daño millonario al Estado.
Por ello, pidió para ella 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua, destacando su rol central, la ausencia de arrepentimiento y las consecuencias sociales de sus actos.
El caso judicial invita a reflexionar sobre las dificultades y limitaciones que enfrentan las instituciones judiciales en Argentina para asegurar no solo la condena, sino también la restitución material y preventiva frente a la corrupción.
El proceso de recuperación de bienes, aunque indispensable, es largo y complejo, mientras las denuncias de presiones políticas cuestionan la integridad del sistema.
Por ello, la discusión pública debe centrarse no solo en la culpa o inocencia, sino en cómo fortalecer la justicia para garantizar que las sentencias tengan consecuencias tangibles y envíen un mensaje efectivo de transparencia y rendición de cuentas.
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