La Justicia federal ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) restablecer las pensiones suspendidas y suspender auditorías hasta una sentencia definitiva. La medida afecta a beneficiarios en todo el país, excepto personas privadas de libertad.
Por una resolución del juez federal Guillermo Díaz Martínez, el Gobierno restableció más de 119.000 pensiones no contributivas por discapacidad laboral que habían sido suspendidas en todo el territorio argentino.
La medida se formalizó a través de la Resolución 13901/2025 publicada en el Boletín Oficial y ordena a ANDIS reactivar los pagos y frenar las auditorías mientras dura el proceso judicial.
Esta decisión responde a un amparo colectivo promovido por la Defensoría del Pueblo de Catamarca y organizaciones como APYFADIM, que cuestionaron irregularidades en las suspensiones y exigencias administrativas.
Estas pensiones fueron suspendidas tras auditorías implementadas por ANDIS en marco del Decreto 843/2024, que elevó los requisitos para mantener el beneficio y amplió causales de caducidad del mismo.
La política de recortes generó fuertes críticas por impactar en sectores vulnerables y por la falta de canales adecuados para notificar a los beneficiarios. La suspensión de pensiones afectó a personas en distintas provincias, generando movilizaciones y reclamos sociales.
Organizaciones que representan a personas con discapacidad lideraron protestas y demandas para revertir los recortes y reclamar la reglamentación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, norma nacional que busca robustecer la protección social pero que fue vetada en dos ocasiones por el Ejecutivo.
La restitución parcial es un triunfo para estos sectores, pero el debate jurídico y político sobre el sistema de pensiones y su sostenibilidad continúa abierto.
Aunque el Gobierno apeló inicialmente la orden judicial, la restitución ya está en marcha. La suspensión temporal de auditorías y la devolución de pagos suspendidos marcan un cambio de dirección en la gestión de pensiones por discapacidad laboral.
Sin embargo, persisten incertidumbres sobre cómo se regularizará el programa y garantizará un equilibrio entre control fiscal y derechos sociales.
Esta restitución abre una ventana para repensar integralmente las políticas públicas en discapacidad, con propuestas que promuevan inclusión, equidad y transparencia.
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