En una audiencia clave ante la Corte de Apelaciones de Nueva York, Argentina defendió con contundencia su posición contra la condena por 18.000 millones de dólares relacionada con la expropiación de YPF. Los magistrados sometieron a un riguroso interrogatorio tanto a la defensa argentina como a los abogados de Burford Capital, principal beneficiario del fallo, …
La Corte de Apelaciones de Nueva York realizó una audiencia clave para revisar la apelación de la República Argentina contra el fallo de primera instancia que condenó al país a pagar 18.000 millones de dólares por la expropiación de YPF en 2012. La instancia, que se extendió por varias horas, estuvo marcada por un intenso interrogatorio de los jueces tanto a los representantes argentinos como a los abogados de Burford Capital, el fondo inglés que posee los derechos para litigar en este caso y es principal beneficiario de la sentencia.
El equipo de defensa de Argentina, encabezado por los subprocuradores Juan Ignacio Stampalija y Julio Pablo Comadira, defendió la constitucionalidad y legalidad de la expropiación y cuestionó la jurisdicción estadounidense para resolver un asunto que, sostienen, pertenece plenamente al derecho argentino. Subrayaron que el fallo inicial se basa en una interpretación errónea de las leyes nacionales y advirtieron sobre las consecuencias de permitir que tribunales extranjeros intervengan en disputas soberanas.
Por su parte, Burford Capital argumentó que distintos inversores, incluyendo compradores sucesivos de acciones que cotizan en Wall Street, tienen derecho a exigir compensaciones derivadas de garantías previas ofrecidas durante la privatización de YPF en 1993. El fondo defendió su postura sobre la legitimidad de demandar en Estados Unidos y criticó la falta de mecanismos exclusivos en Argentina para resolver esos casos, apelando a la protección contractual de los accionistas.
Los jueces analizaron en detalle la distinción entre derecho público y privado en la legislación argentina, la validez de los procedimientos administrativos locales y el cálculo de los daños, generando un debate técnico profundo. Indicaron que la naturaleza de la jurisdicción y la correcta interpretación de los recursos legales será fundamental en la resolución que se espera para los primeros meses de 2026.
La defensa argentina mostró confianza en que la Corte de Apelaciones revertirá el fallo de primera instancia, o al menos lo modifique sustancialmente, evitando así una condena que el país considera imposible de afrontar en medio de la actual situación económica y financiera. En paralelo, YPF mantiene su condición de inocencia y desafía la reincorporación forzada al proceso que busca Burford.
El juicio por YPF se presenta como uno de los mayores litigios contra un Estado soberano en Estados Unidos, con implicaciones políticas, económicas y jurídicas que exceden la causa judicial y afectan la proyección internacional de Argentina.
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