Las autoridades judiciales ordenaron la prisión preventiva para los ocho imputados en la causa del triple femicidio ocurrido en septiembre, en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. La investigación avanza hacia el fuero federal ante la gravedad y características del delito.
La causa que investiga el triple femicidio ocurrido en Florencio Varela tuvo un giro determinante esta semana. La jueza de Garantías Marcela Garmendia confirmó la prisión preventiva de los ocho imputados en el caso.
Paralelamente, la magistrada dispuso que el expediente pase a la órbita del fuero federal. Esta decisión cambia el alcance de la investigación, sugiriendo que el crimen podría estar vinculado con delitos de mayor complejidad que exceden la competencia provincial.
La medida cautelar de prisión preventiva tiene como objetivo asegurar la presencia de los imputados durante el proceso judicial, dadas las graves imputaciones que enfrentan.
El caso involucra a Brenda Loreley del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), quienes desaparecieron el 19 de septiembre y fueron halladas cinco días después con heridas de extrema violencia.
Según informes oficiales, el crimen habría sido cometido como una represalia vinculada al narcotráfico, con la principal hipótesis apuntando a disputas internas en una organización de origen peruano.
Entre los acusados está Joseph Freyser Zabaleta Cubas, alias “Señor Jota”, presunto autor intelectual del atentado, detenido en una alcaidía porteña donde cumplía prisión por causas ligadas a drogas.
Los cuerpos de las víctimas presentaban signos de torturas severas, ataques con armas blancas y mutilaciones, y fueron enterrados en una vivienda de Villa Vatteone, partido de Florencio Varela.
El episodio fue transmitido en vivo a través de una red social cerrada, según las investigaciones, con el objetivo de enviar un mensaje intimidatorio a rivales dentro del narcotráfico. Actualmente, la causa suma más de diez detenidos y está en proceso de evaluación para su traslado al fuero federal.
Organizaciones sociales y académicas han repudiado el hecho y alertan sobre la persistencia de violencias de género en Argentina, que en la primera mitad de 2025 registró 126 femicidios y numerosos intentos de femicidio, mostrando un retroceso en políticas de prevención y protección.
Estas voces también cuestionan discursos públicos que minimizan el problema, señalando que el debate legislativo sobre la figura legal del femicidio es un tema sensible para el avance en derechos y justicia.
Esta causa emblemática plantea interrogantes sobre la eficacia de las políticas de seguridad y prevención en áreas vulnerables, y la necesidad de un abordaje integral que incluya justicia rápida, protección efectiva y atención a las víctimas y sus familias. Además, el caso evidencia la complejidad de los vínculos entre violencia de género y crimen organizado, un desafío para la justicia y la sociedad.
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