El pasado martes 28 de octubre, un operativo policial histórico en las favelas de Río de Janeiro, dirigido contra el grupo narcocriminal Comando Vermelho, terminó con al menos 132 personas muertas, incluidos cuatro policías, y más de 100 detenidos. La acción movilizó a cerca de 2.500 agentes, vehículos blindados, helicópteros y drones, en un despliegue sin precedentes que paralizó gran parte de la ciudad, suspendiendo actividades y generando temor entre los residentes.
El gobernador de Río, Cláudio Castro, catalogó la intervención como un éxito y un duro golpe al crimen organizado, alineándose con el discurso de mano dura que ha ganado espacio en la política regional. Sin embargo, la masacre generó fuertes críticas de organizaciones de derechos humanos, quienes denunciaron la operación como un exceso y cuestionaron su eficacia, además de expresar preocupación por violaciones a los derechos fundamentales de las personas afectadas.
Según informa El País, la tragedia se produce en un contexto de creciente violencia en América Latina, la región más letal del mundo, y ha reavivado el debate sobre las políticas para combatir el crimen organizado. Mientras algunos actores políticos defienden acciones contundentes y espectaculares, otros apuestan a estrategias de inteligencia para desarticular las redes criminales desde su financiamiento.
El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, recién regresado de una gira internacional, convocó a una comisión de coordinación con el gobierno local para atender la crisis y anunció que la seguridad será tema central en la campaña presidencial de 2026. La ministra de Derechos Humanos calificó la operación de fracaso y tragedia, abogando por un combate al crimen que comience con los líderes de las organizaciones.
Por su parte, investigadores advierten que la militarización excesiva y la eliminación física de líderes criminales pueden aumentar la violencia, y recomiendan medidas más integrales como la limitación de armas y alcohol en el mercado para reducir el crimen.
La masacre en Río marca un antes y un después en la discusión sobre seguridad pública en América Latina, abriendo interrogantes sobre cómo balancear la eficacia policial con el respeto a los derechos humanos.