La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, salió de prisión luego de casi cinco años tras la anulación judicial de su condena por el derrocamiento de Evo Morales. Su situación legal sigue abierta mientras en Bolivia persisten las tensiones políticas.
Jeanine Áñez, quien fue presidenta interina de Bolivia entre 2019 y 2020, fue liberada este jueves después de cumplir casi cinco años de prisión.
Su salida se produjo tras una decisión judicial que anuló la condena en su contra por los cargos de sedición, terrorismo y conspiración relacionados con el golpe de Estado que derrocó al expresidente Evo Morales en noviembre de 2019.
La anulación de la condena no implica el cierre definitivo del proceso judicial. Según fuentes jurídicas, el fallo apunta a garantizar el derecho a la defensa y a un debido proceso, en un caso que ha generado controversia tanto a nivel nacional como internacional.
Distintas organizaciones han subrayado la necesidad de un juicio justo basado en pruebas claras y no en motivos políticos.
El tribunal que dictó la anulación fundamentó su decisión en irregularidades detectadas durante el proceso original, que, según sus fallos, vulneraban derechos procesales.
Áñez enfrenta otros procedimientos judiciales relacionados con el mismo contexto político, por lo que su situación procesal continúa abierta.
Políticamente, esta liberación marca un nuevo capítulo en el convulsionado escenario boliviano, donde las diferencias entre sectores siguen aflorando con fuerza.
Mientras algunos sectores reciben la noticia como un avance hacia la justicia y el respeto a los derechos humanos, otros la perciben como una estrategia para bajar la tensión política que ha caracterizado a Bolivia en los últimos años.
En el plano internacional, organismos de derechos humanos y entidades judiciales han instado a Bolivia a mantener la independencia judicial y respetar las garantías procesales en todos los casos políticos, incluyendo el de Áñez.
La salida de prisión de la expresidenta abre un debate sobre cómo el país encarará el equilibrio entre justicia y reconciliación.
La liberación de Jeanine Áñez expone la compleja relación entre la justicia y la política en Bolivia, invitando a la reflexión sobre la independencia judicial en procesos con alto impacto político.
El caso sigue en desarrollo, y mantener la atención en las próximas resoluciones será clave para entender el rumbo político y judicial del país.
Claudio “Chiqui” Tapia viajó a la final del Clausura en un jet privado de Baires Fly, empresa investigada por emitir facturas truchas de viajes no realizados. El vuelo, que costó alrededor de 12.100 dólares, incluyó a otros dirigentes de la AFA.
Vaca Muerta enfrenta un “año bisagra” de alta deuda. El break even financiero real subió a $60/barril por costos de financiamiento. El sector espera la entrada en operación del oleoducto VMOS en 2026 para garantizar la exportación masiva.
El Conicet ganó el Martín Fierro de Oro por “Fondo del Mar”, una innovadora transmisión en vivo de una expedición científica en el Atlántico argentino. La distinción reconoce el esfuerzo por acercar la investigación oceánica al público digital.
El Gobierno designaría a Diego Valenzuela al frente de la nueva Agencia Nacional de Migraciones, que tendrá poderes de seguridad ampliados. Este giro busca endurecer los controles fronterizos y revertir la política de apertura, enfocándose en la lucha contra la delincuencia transnacional.
La UIA apoyó la reforma laboral, negando la pérdida de derechos y pidiendo adecuar las normas a la productividad. El titular Rappallini destacó el Fondo de Asistencia Laboral como incentivo clave contra la litigiosidad y el empleo informal.
El Congreso enfrenta una semana récord para aprobar el Presupuesto 2026 y debatir la reforma laboral. El oficialismo presiona por un despacho rápido para ambas leyes esta semana, pese a los obstáculos y la gran cantidad de expositores.
La desocupación en CABA alcanzó el 6,3% (107.000 personas) en el tercer trimestre de 2025. El desempleo afecta predominantemente a las mujeres (7,4%) y a la Zona Sur. Se mantiene la preocupación por el 27,3% de trabajadores asalariados sin aportes jubilatorios.
El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, advirtió que la reforma laboral podría quedar congelada por meses. El sistema “difuso” de control permite a cualquier juez declararla inconstitucional hasta que el máximo tribunal unifique criterios, lo que alarga la aplicación.
