Tres exjefes de la policía de Rosario fueron detenidos por una investigación que los apunta por malversación de fondos destinados a la compra de combustible para patrulleros. La causa revela una red de corrupción interna que desvió recursos públicos, en un contexto de intensificación de controles sobre la gestión policial.
Este jueves, la Justicia ordenó la detención de tres exfuncionarios policiales de Rosario por presunta malversación de fondos.
Los implicados, que ocuparon cargos de alta jerarquía en la fuerza, están acusados de desviar recursos que debían ser utilizados para la adquisición de combustible para patrulleros municipales.
Esta maniobra habría generado un perjuicio significativo al erario público y a la operatividad policial.
Según la investigación en curso, estos exjefes habrían integrado una red de corrupción que facilitaba la apropiación indebida de fondos asignados para la compra de combustible.
Las irregularidades incluyen la falsificación de documentación y la manipulación de registros contables para ocultar el desvío de recursos. Las maniobras se sospechan de haberse realizado durante su gestión, afectando la disponibilidad de combustible para patrulleros y dificultando el normal desempeño policial.
El ministro de Seguridad provincial destacó que esta causa forma parte de una política de “ir a fondo contra la corrupción” dentro de las fuerzas de seguridad.
Además, se remarcó la importancia de que la lucha contra el delito incluya la investigación exhaustiva de cualquier conducta corrupta que lo permita o encubra.
La Justicia mantiene abierta la investigación, y se prevén nuevas medidas para esclarecer el alcance de esta red y determinar responsabilidades penales.
Este caso pone en evidencia desafíos sistémicos en el manejo de recursos públicos y la necesidad de fortalecer los controles internos en instituciones clave para la seguridad ciudadana.
La causa aún no ha concluido y convoca a una reflexión sobre mecanismos preventivos que eviten fraudes similares a futuro. El seguimiento judicial será clave para garantizar transparencia y justicia en la administración policial.
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