La jueza Julieta Makintach enfrenta un proceso de jury en La Plata por su participación en un documental durante el juicio suspendido por la muerte de Diego Maradona. La acusación principal apunta a un supuesto perjuicio a la imagen del Poder Judicial y falta de imparcialidad en el caso.
En noviembre de 2025 inició en La Plata el jury de enjuiciamiento contra Julieta Makintach, magistrada del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de San Isidro.
El proceso está vinculado a su participación en la producción audiovisual “Justicia Divina” durante el juicio que investigaba las circunstancias del fallecimiento de Diego Armando Maradona, juicio que fue declarado nulo tras la controversia.
La fiscal Analía Duarte expuso ante el jurado que la jueza formó parte del documental con la intención de explotar comercialmente el proceso judicial, dañando así la imagen del Poder Judicial en la escena pública.
Makintach, por su parte, manifestó que la idea del proyecto fue propuesta por una amiga y negó que haya tenido la intención de perjudicar la justicia. En su defensa, pidió disculpas públicas y manifestó su sorpresa por el alcance del daño causado a la institución.
Uno de los testimonios más contundentes fue el del juez Maximiliano Savarino, integrante también del tribunal en el juicio de Maradona.
Durante la tercera audiencia del jury, Savarino acusó a Makintach de mala conducta, afirmando que “es mala persona, miente y engaña”. Esta declaración pública generó una fuerte tensión en el proceso y evidenció divisiones internas en el tribunal afectado por el escándalo.
Las conversaciones privadas entre Makintach y sus colegas, conocidas recientemente, muestran un ambiente de incertidumbre y discusión sobre la filmación del documental y su impacto en el proceso judicial. Estas comunicaciones revelaron que algunos miembros del tribunal no estaban al tanto o no dieron su consentimiento explícito para la grabación.
La nulidad del juicio por la muerte de Maradona provocó la pérdida de 21 audiencias y 44 declaraciones testimoniales, lo que retrasa considerablemente el proceso judicial. La nueva fecha tentativa para la reanudación del juicio está prevista para marzo de 2026.
El caso pone en evidencia la delgada línea entre el interés público y la ética judicial. Además, plantea preguntas sobre los límites de la exposición mediática en procesos legales y la responsabilidad de los magistrados como custodios de la imagen institucional.
Este episodio invita a reflexionar sobre cómo la publicación de contenidos relacionados con procesos judiciales puede afectar la percepción pública de la justicia y su funcionamiento.
Más allá de las acusaciones individuales, el caso demanda que el Poder Judicial evalúe sus protocolos internos frente a la transparencia y la comunicación con el público para balancear el derecho a la información y la protección del debido proceso.
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