La jueza Loretta Preska rechazó el recurso argentino en la causa YPF y habilitó a los fondos buitre a pedir comunicaciones privadas de 35 funcionarios (Massa y Caputo incluidos). La decisión busca probar la figura de “alter ego” para embargar activos estatales.
El litigio por la expropiación de YPF ha dado un giro desfavorable para el Estado argentino. A pesar de que la Procuración del Tesoro apeló la sentencia, la jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, rechazó un recurso de reconsideración y habilitó a los fondos especulativos Burford Capital y Eton Park a acceder a las comunicaciones privadas de al menos 35 altos funcionarios y exfuncionarios del gobierno argentino. Esta medida es un paso crucial en la estrategia de los litigantes para embargar bienes estatales y cobrar los u$s16.100 millones dictaminados en el fallo de 2023.
La decisión de Preska permite a los fondos avanzar en la fase de ejecución, buscando demostrar la figura del “alter ego”; es decir, que la petrolera YPF —una sociedad anónima con personalidad diferenciada— carece de independencia del Estado argentino. De verificarse esta relación, los demandantes podrían ejecutar el fallo contra bienes estatales en el extranjero.
Objetivo de la información: la solicitud de los fondos incluye chats de WhatsApp, correos electrónicos y otra documentación de funcionarios de las administraciones de Javier Milei y Alberto Fernández, entre ellos Sergio Massa y Luis Caputo.
Precedente Crystallex: los demandantes se apoyan en el modelo Crystallex, un caso donde la petrolera venezolana PDVSA fue embargada al demostrarse la injerencia del Estado de Hugo Chávez. Fuentes cercanas a los fondos litigantes aseguraron que el tribunal reafirmó la posibilidad de “avanzar contra los activos de YPF” bajo este modelo.
El rechazo al recurso de YPF por parte de la jueza del Distrito Sur de Nueva York subraya que, a pesar de la apelación en curso, el proceso de ejecución continúa. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos aún debe resolver el recurso presentado por los abogados argentinos el pasado 29 de octubre.
La defensa de Argentina argumentó que el fallo de Preska se basa en una “interpretación errónea del derecho argentino y en ficciones jurídicas”. La Procuración del Tesoro insistió en que el caso no pertenece a la jurisdicción de EE. UU. y que los demandantes adquirieron sus acciones con Repsol en transacciones privadas plagadas de “sospechas de corrupción”, buscando evadir la justicia argentina para litigar en tribunales extranjeros.
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