El Gobierno busca centralizar en Manuel Adorni la potestad de nombrar a todos los empleados públicos mediante el Presupuesto 2026. La medida, que controla las vacantes, busca eficiencia, pero el oficialismo necesita 41 votos en Diputados para aprobar la ley.
El gobierno de Javier Milei ha diseñado un mecanismo de control exhaustivo sobre la plantilla estatal. El proyecto de Presupuesto 2026, que el Ejecutivo aspira a aprobar en las sesiones extraordinarias de diciembre, establece que la Jefatura de Gabinete —ahora a cargo del ex vocero presidencial, Manuel Adorni— tendrá la potestad exclusiva para autorizar o denegar la cobertura de todos los cargos vacantes en la Administración Pública Nacional y las empresas del Estado.
Esta medida de control político busca centralizar el manejo del empleo público, convirtiendo a la Jefatura de Gabinete en el único filtro para cada puesto que quede disponible por renuncias, jubilaciones o fallecimientos. El artículo 7 del proyecto es taxativo: “Las jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Nacional no podrán cubrir los cargos vacantes existentes […] ni los que se produzcan con posterioridad, sin la previa autorización del Jefe de Gabinete de Ministros”.
El proyecto de ley establece una serie de excepciones, reconociendo la criticidad de ciertos sectores que requieren una cobertura inmediata de personal calificado:
Salud e investigación: se exceptúan los cargos del personal profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales y los Institutos de Investigación dependientes del Ministerio de Salud.
Seguridad y medio ambiente: también quedan excluidos de la autorización previa los funcionarios del Cuerpo de Guardaparques Nacionales y los cargos del Convenio Colectivo para el Sistema Federal de Manejo del Fuego.
Transporte: la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) también está exceptuada, así como los cargos jerárquicos del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).
El debate del Presupuesto 2026 será la primera gran prueba de fuego legislativa tras las elecciones. A partir del 10 de diciembre, el oficialismo contará con 88 legisladores propios en la Cámara de Diputados, un número que le da la mayoría de bloqueo para frenar un juicio político, pero que resulta insuficiente para aprobar la Ley de Leyes.
La sanción del Presupuesto requiere 129 votos, por lo que el gobierno necesita sumar al menos 41 voluntades de otros bloques. Los estrategas de La Libertad Avanza estiman que la suma de sus diputados más los aliados alcanza los 110 legisladores. Por este motivo, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro del Interior, Diego Santilli, mantienen encuentros diarios con los gobernadores, buscando el respaldo necesario para la aprobación de la norma.
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