Rodrigo Paz, presidente de Bolivia desde el 14 de noviembre de 2025, denunció un esquema de corrupción por aproximadamente 15.000 millones de dólares durante el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), que presidió Evo Morales y posteriormente Luis Arce.
El mandatario señaló que al asumir encontró una “cloaca” que dificultó la gestión inmediata y que representa un desafío para restaurar la confianza en la administración pública.
Pese a la acusación grave, no se presentaron todavía detalles judiciales formales ni procesos específicos en marcha, lo que abre interrogantes sobre el avance y alcance de las investigaciones.
El MAS, por su parte, ha rechazado las acusaciones calificándolas de “políticas” y ha pedido que cualquier denuncia se lleve a cabo con evidencias concretas y bajo el rigor de la ley. Organismos de contraloría y fiscalía anunciaron que evaluarán las denuncias conforme a los procedimientos establecidos.
El nuevo gabinete de Paz ha comenzado a implementar medidas para transparentar la gestión, incluyendo auditorías en las empresas estatales mencionadas y controles reforzados de gastos públicos.
Además, se habla de una reforma integral que podría afectar el manejo operativo y la supervisión anticorrupción a mediano plazo.
Analistas consideran que, aunque la denuncia sea un movimiento político estratégico, también refleja problemáticas estructurales en la administración pública boliviana.
La efectividad de las medidas tomadas será clave para modificar la percepción nacional e internacional sobre la gobernabilidad y la lucha contra la corrupción en Bolivia.
Aunque la denuncia abarca un volumen millonario y un posible daño sustancial a las finanzas públicas, quedan pendientes preguntas sobre la verificación exhaustiva de los datos, la transparencia en el proceso judicial y la capacidad del gobierno de Paz para hacer efectiva la rendición de cuentas. ¿Logrará el nuevo gobierno consolidar un cambio real o la lucha anticorrupción será sólo una agenda política?
Claudio “Chiqui” Tapia viajó a la final del Clausura en un jet privado de Baires Fly, empresa investigada por emitir facturas truchas de viajes no realizados. El vuelo, que costó alrededor de 12.100 dólares, incluyó a otros dirigentes de la AFA.
Vaca Muerta enfrenta un “año bisagra” de alta deuda. El break even financiero real subió a $60/barril por costos de financiamiento. El sector espera la entrada en operación del oleoducto VMOS en 2026 para garantizar la exportación masiva.
El Conicet ganó el Martín Fierro de Oro por “Fondo del Mar”, una innovadora transmisión en vivo de una expedición científica en el Atlántico argentino. La distinción reconoce el esfuerzo por acercar la investigación oceánica al público digital.
El Gobierno designaría a Diego Valenzuela al frente de la nueva Agencia Nacional de Migraciones, que tendrá poderes de seguridad ampliados. Este giro busca endurecer los controles fronterizos y revertir la política de apertura, enfocándose en la lucha contra la delincuencia transnacional.
La UIA apoyó la reforma laboral, negando la pérdida de derechos y pidiendo adecuar las normas a la productividad. El titular Rappallini destacó el Fondo de Asistencia Laboral como incentivo clave contra la litigiosidad y el empleo informal.
El Congreso enfrenta una semana récord para aprobar el Presupuesto 2026 y debatir la reforma laboral. El oficialismo presiona por un despacho rápido para ambas leyes esta semana, pese a los obstáculos y la gran cantidad de expositores.
La desocupación en CABA alcanzó el 6,3% (107.000 personas) en el tercer trimestre de 2025. El desempleo afecta predominantemente a las mujeres (7,4%) y a la Zona Sur. Se mantiene la preocupación por el 27,3% de trabajadores asalariados sin aportes jubilatorios.
El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, advirtió que la reforma laboral podría quedar congelada por meses. El sistema “difuso” de control permite a cualquier juez declararla inconstitucional hasta que el máximo tribunal unifique criterios, lo que alarga la aplicación.
