El juez ordenó la prisión preventiva para 14 exjefes policiales de Rosario acusados de desfalco. El grupo, que operaba con una gasolinera, desviaba fondos públicos mediante recargas ficticias de combustible y sobreprecios para los patrulleros.
El juez ordenó la prisión preventiva para 14 exjefes policiales de Rosario acusados de desfalco. El grupo, que operaba con una gasolinera, desviaba fondos públicos mediante recargas ficticias de combustible y sobreprecios para los patrulleros.
Un magistrado ha ordenado el encierro preventivo para catorce exmiembros de la Unidad Regional II (URII) de la policía rosarina, incluidos altos rangos de la estructura. El grupo está acusado de conformar una trama criminal organizada que desvió recursos del erario público destinados a la provisión de combustible para vehículos oficiales.
La medida cautelar, dictada por el juez Gustavo Pérez de Urrechu tras una extensa audiencia, tiene vigencia hasta mayo del próximo año y se alinea con la acusación del fiscal José Luis Caterina.
La resolución judicial afecta al ex titular de la policía zonal, Daniel Acosta, y a su asistente personal, Rodrigo Domínguez, señalados como los principales responsables de la maniobra. La Fiscalía sostiene que la red delictiva operó entre mayo de 2023 y mayo de 2025, ocasionando un perjuicio económico multimillonario al gobierno provincial de Santa Fe.
El mecanismo del fraude: la organización actuaba en connivencia con personal de la estación de servicio Gas Auto Tiferno S.A., ubicada cerca de la Jefatura de Policía. El esquema se basaba en la inflación de costos y el registro de abastecimientos inexistentes en los móviles, permitiendo así la sustracción de las partidas presupuestarias.
El desglose del desfalco: se estima que el desvío de fondos alcanzó los 45 a 90 millones de pesos mensuales. Un ejemplo del drenaje de dinero se evidenció en abril pasado, cuando los gastos de combustible de la URII superaron los 406 millones de pesos, una cifra que disminuyó al mes siguiente tras las primeras detenciones.
Presión interna: el fiscal Caterina reveló que Acosta, a través de Domínguez, ejercía una fuerte presión sobre los jefes de divisiones para que devolvieran el dinero malversado. Incluso se valían de una estructura interna, la “Oficina de Gestión de Multas”, para exigir el retorno de fondos, llegando a cobrar multas que se traducían en compras personales o eventos sociales (asados, cajas de vino).
La investigación, que arrancó en mayo, ha involucrado ya a 28 personas entre uniformados y civiles. El dictamen del magistrado avaló la imputación por peculado y cohecho pasivo, garantizando que catorce de los señalados permanezcan bajo reclusión preventiva.
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“La conducta enrostrada a la encartada repulsa la ética y el decoro que deben prevalecer en el accionar de todo funcionario público”, se indicó.
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