La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina ha dado un paso crucial para agilizar el juicio por la causa Cuadernos, que investiga presuntos pagos ilegales en contratos de obra pública entre 2003 y 2015. Durante una reunión realizada el 18 de noviembre de 2025 con los jueces del Tribunal Oral Federal N° 7 (TOF …
Entre los principales pedidos figuran la realización de más audiencias semanales, con una propuesta de tres por semana, y la priorización de la presencialidad para mejorar la inmediación entre magistrados, acusados y testigos.
Casación sugirió usar la Sala AMIA en Comodoro Py para las audiencias presenciales, lo que requiere coordinación logística y técnica con el Consejo de la Magistratura.
Actualmente, el juicio se desarrolla en una modalidad mixta (presencial-virtual), que según Casación limita el dinamismo del debate y podría afectar el derecho de defensa.
Además, los jueces del TOF 7 se comprometieron a gestionar pedidos para exclusión de sorteos y reasignaciones de causas en la justicia ordinaria, así como a solicitar mayor espacio físico y personal para facilitar el desarrollo del juicio, que involucra a 88 imputados, entre ellos la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, acusada de liderar una asociación ilícita.
El Tribunal subrayó que busca “mayor eficacia, eficiencia, celeridad e inmediación” en las audiencias, respondiendo también a la demanda de actores judiciales que insisten en la importancia de evitar demoras que erosionan la legitimidad del sistema y la confianza ciudadana en la justicia.
Actualmente, el Consejo de la Magistratura trabaja para habilitar espacios y recursos necesarios, de modo que el TOF pueda cumplir con la frecuencia de audiencias solicitada.
El cambio de modalidad presencial total implicaría, según algunos magistrados, desafíos logísticos y prácticos, pero la prioridad es que el juicio avance con la mayor rapidez compatible con el derecho a la defensa.
La causa Cuadernos es considerada la investigación de hechos de corrupción más extensa en la historia judicial argentina, con 540 hechos a juzgar vinculados a pagos ilegales para acceder a contratos públicos.
La fiscal general Fabiana León ha señalado la necesidad de explicaciones exhaustivas por parte de los implicados en un caso que ha generado gran expectativa pública y mediática.
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