La exjueza del Tribunal Oral en lo Criminal 2 de San Isidro fue destituida por unanimidad del jurado de enjuiciamiento tras comprobarse incumplimientos en su función durante el juicio anulado sobre la muerte de Diego Maradona. Ahora enfrenta un proceso penal y un pedido de detención solicitado por las hijas de Diego.
El jury de enjuiciamiento decidió por unanimidad separar a Julieta Makintach de su cargo y declararla inhábil para ejercer funciones judiciales de por vida. Esta sanción deriva de su participación en el documental “Justicia Divina“, que mostraba imágenes del juicio por la muerte de Maradona, celebrado bajo su responsabilidad y declarado posteriormente nulo.
Las acusaciones contra Makintach incluyen incumplimiento de deberes, parcialidad, abuso de autoridad y malversación de fondos públicos. Según la fiscal general Analía Duarte, la jueza manipuló recursos estatales y omitió su deber de imparcialidad, generando un grave daño a la confianza en el Poder Judicial.
Tras la pérdida de sus fueros, la exmagistrada será investigada penalmente por estos hechos en la Fiscalía Nº 1 de San Isidro. La defensa argumentó que las decisiones relacionadas con el documental fueron colegiadas y negó las acusaciones, pero la Justicia no aceptó estos planteos.
Dalma y Gianinna Maradona, hijas del fallecido, pidieron formalmente la detención de Makintach, intensificando la presión pública y judicial sobre la exjueza. El juicio por la muerte de Maradona será reiniciado en marzo de 2026, tras la anulación del proceso anterior.
El caso Makintach ha provocado un debate sobre la ética judicial y el rol de los jueces en casos mediáticos. Su destitución y el proceso en curso reflejan las consecuencias cuando la imparcialidad y la austeridad institucional se ven comprometidas.
Este episodio espera abrir una reflexión sobre los límites éticos y profesionales en la función judicial, especialmente en causas que movilizan la opinión pública y la atención mediática. Permanecerán vigentes las interrogantes sobre garantías procesales y control de la transparencia pública en estos procesos.
El Presidente y su gabinete obtuvieron los primeros ejemplares del documento que incorpora un chip y un código QR. La medida busca modernizar la identificación de los ciudadanos, facilitar trámites digitales y elevar los estándares de seguridad para evitar falsificaciones y robo de identidad.
En los 45 partidos que se jugaron en estas tres primeras fechas del Apertura de la Liga, el 20 por ciento terminó 0-0 y en 21 -casi la mitad- al menos uno de los equipos equipos se fueron a bañar sin haber gritado un gol. Boca y River tienen el debate en las entrañas.
El pedido formal de sesión especial ingresó este mediodía a la Secretaría Parlamentaria tras el cierre de las negociaciones entre el Ejecutivo y los bloques dialoguistas. El oficialismo busca convertir en ley el proyecto de modernización el 11 de febrero, en una jornada que se anticipa extensa.
La víctima fue liberada tras un operativo policial en un domicilio de la capital provincial. El captor, quien había sido su pareja, fue detenido bajo la acusación de trata de personas y privación ilegítima de la libertad tras meses de cautiverio.
El club de Núñez anunció un vínculo estratégico con la productora internacional Live Nation por 110 millones de dólares. El contrato incluye la rescisión anticipada con ChangoMâs, una nueva marca para el estadio y la garantía de 120 shows en una década.
El Ministerio Público de Río de Janeiro solicitó endurecer las medidas contra Agostina Páez tras la denuncia por gestos discriminatorios en un bar de Ipanema. La fiscalía considera insuficientes la tobillera electrónica y la retención del pasaporte ante la gravedad de los hechos.
Un informe de la PROCUVIN reveló que el Servicio Penitenciario Federal cerró el 2025 con más de 12.000 detenidos. El crecimiento se concentró principalmente en Santa Fe, Mendoza, Neuquén y la Ciudad de Buenos Aires, marcando una tendencia ascendente que rompe con la estabilidad del trienio anterior.
A través de un decreto de necesidad y urgencia, el Ejecutivo nacional dio cumplimiento a la ley aprobada en 2025 que ordena la creación de un nuevo régimen de pensiones no contributivas. La medida, oficializada en el límite del plazo legal, establece auditorías obligatorias y un reempadronamiento general de los beneficiarios.
