La Cámara Federal ratificó el procesamiento de Alberto Fernández y Martínez Sosa por corrupción en seguros. El caso reveló que el broker facturó $1.600 millones con Bachellier S.A., una empresa “fantasma” cuya sede era una casa en ruinas en Villa Crespo.
La Cámara Federal ha ratificado el procesamiento del expresidente Alberto Fernández, de su amigo personal Héctor Martínez Sosa y de otros funcionarios y empresarios por la causa de corrupción que investiga el desvío de fondos en la contratación de seguros del Estado. La trama de corrupción se articuló mediante un decreto firmado en 2021 que obligaba a todos los organismos públicos a contratar con Nación Seguros, pero canalizaba las jugosas comisiones a un puñado de brokers cercanos al círculo íntimo del expresidente.
El expediente, a cargo del juez federal Sebastián Casanello y del fiscal Carlos Rívolo, se centra en el rol de Héctor Martínez Sosa y las cuatro compañías que controlaba, entre ellas Bachellier S.A., una firma que cobró $1.641 millones de pesos en comisiones de Nación Seguros en dos años.
La empresa fantasma: la investigación expuso que la sede declarada de Bachellier S.A., ubicada en un departamento de Villa Crespo, era una casa en ruinas. Los oficiales de la Policía Federal se encontraron con “paredes con humedad, rotas y descascaradas; pisos sucios; muebles viejos; bolsas y papeles desparramados”. El juez Casanello concluyó que la infraestructura era “absolutamente incompatible con la gestión de una empresa” que había facturado una fortuna al Estado.
El engaño: los peritajes confirmaron que Bachellier formaba parte de un “acuerdo oculto” con Martínez Sosa, que utilizaba la empresa, manejada por Osvaldo Tórtora, como una firma “sin operatoria real” para evitar figurar como intermediario responsable y desvincularse de la contratación estatal.
La Cámara Federal ratificó el procesamiento de Alberto Fernández al señalar la estrecha relación que lo unía a Martínez Sosa. El vínculo no se reducía solo a María Cantero, esposa de Martínez Sosa y secretaria privada del expresidente. Los jueces sostuvieron que existía entre ellos una relación de “amistad, actividad comercial, una deuda periódicamente renovada, financiamiento de gastos personales, obsequios, etc.”.
Evidencia digital: el celular de María Cantero fue clave. Los investigadores encontraron fotos y conversaciones con su marido en las que hablaban de cómo influir en los negocios y de regalos de Martínez Sosa al entonces jefe de Gendarmería Nacional, Andrés Severino.
El monto de la comisión: Martínez Sosa fue el mayor beneficiado de la trama, con un cobro de $2.297 millones de pesos en comisiones, lo que representa el 59,6% de todas las comisiones liquidadas por Nación Seguros entre 2019 y 2023.
El juez Casanello también citó a indagatoria a ocho empresas de seguros por la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria, una normativa que permite sancionar con multas o el cierre a las compañías que se benefician por hechos de corrupción. Todos los imputados —funcionarios y empresarios— están procesados por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación contra la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Además, se llamó a otros ocho dirigentes del “Ciclón”.
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