El Gobierno Nacional confirmó que enviará el proyecto de reforma laboral al Congreso el nueve de diciembre sin el consenso de las centrales sindicales. La medida tensó el cierre del Consejo de Mayo.
El Gobierno Nacional confirmó que enviará el proyecto de reforma laboral al Congreso el nueve de diciembre sin el consenso de las centrales sindicales. La medida tensó el cierre del Consejo de Mayo.
La propuesta, impulsada principalmente por la diputada Romina Diez, incluye la ampliación de la jornada laboral, modificaciones en indemnizaciones y en convenios colectivos, y la introducción de un “salario dinámico“.
Otro eje central es permitir que se prioricen las paritarias por empresa, para adecuar condiciones laborales a cada compañía. Además, se prevén nuevas reglas para la disciplina y movilidad laboral, incluyendo límites para modificaciones irrazonables del trabajo. Para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), se autoriza el pago de sentencias laborales en hasta doce cuotas mensuales.
No obstante, el proyecto afronta rechazo de sectores sindicales. Gremios tradicionales y la nueva dirigencia cegetista han expresado su distancia y advierten un costo adicional para las empresas que podría impactar negativamente en los trabajadores.
La falta de consenso fue evidente en la última reunión del Consejo de Mayo. El Gobierno busca aprovechar la nueva composición parlamentaria desde el 10 de diciembre para avanzar con el debate, aunque persisten tensiones sobre puntos claves como la eliminación de la ultraactividad y la flexibilidad en convenios.
El Ejecutivo destaca que la reforma es necesaria para la competitividad y adaptarse a las nuevas tecnologías y condiciones globales, mientras sigue negociando con gobernadores y actores económicos.
Este proyecto se enmarca en un proceso de revisión integral que busca actualizar y mejorar el sistema laboral, sin atacar derechos fundamentales, bajo la premisa de generar previsibilidad y confianza para inversionistas y trabajadores. La iniciativa también requiere reformas previsionales y fiscales complementarias para afrontar los costos laborales altos en Argentina.
La propuesta establecida será analizada y debatida en la Comisión de Legislación Laboral del Congreso, donde se prevé un intenso proceso político.
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