El Gobierno avanza con un plan de ajuste en INTA que busca recortar hasta 1.700 empleos (17% de la planta) mediante retiros voluntarios. Los gremios resisten, denunciando que el organismo corre un riesgo importante de funcionamiento si se reduce aún más su estructura.
El gobierno nacional, a pesar de la resistencia judicial y legislativa, está decidido a profundizar el proceso de “transformación” en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Una alta fuente del Ejecutivo confirmó a Infobae que la administración busca un fuerte recorte de hasta 1.700 trabajadores a través de un esquema de retiros voluntarios. El objetivo es “alinear al instituto a los estándares de eficiencia del Estado”, lo que implica una revisión completa de la estructura del organismo, cuya plantilla actual es de 5.822 empleados. La iniciativa, que estuvo trabada durante meses por el freno judicial de un decreto de reforma, plantea el cierre de centros de investigación que, según el Gobierno, “no justifican su infraestructura o no están aportando resultados acordes a lo que demanda la producción”. El temor de los trabajadores se alimenta con las declaraciones del presidente del organismo, Nicolás Bronzovich, quien afirmó en sus recorridas que “el INTA tiene que funcionar con menos gente que la que tenía”. La delegada de ATE, Julieta Boedo, denunció que el Gobierno busca “achicar” la estructura del organismo y “entregar tierras” a privados, a pesar de que el organismo ya perdió 822 trabajadores desde la asunción de Javier Milei.
El plan de ajuste enfrenta la resistencia de los gremios. Mario Romero, secretario general de Apinta (gremio del INTA), aseguró que, con la reducción actual de personal, “el INTA estaría en riesgo importante de funcionamiento” y que no es factible ni un proceso de retiros voluntarios ni los pases a disponibilidad. El gobierno no ha podido avanzar con el cierre de la estación experimental del AMBA en Castelar debido a un amparo vigente dictado por la jueza Martina Forns de San Martín. En el ámbito interno, la venta de tierras del organismo, otro de los puntos sensibles de la agenda libertaria, ha encontrado un freno en el interior. Romero señaló que los consejeros del organismo que representan a las entidades del agro “no están dispuestos a entregar tierras del INTA”, un factor que “va a garantizar de que no salga nada”.
El conflicto se agrava con el ajuste presupuestario previsto para el sector. Según la información gremial, en 2026 habrá solo un 30% más de presupuesto asignado respecto a 2025, una cifra que consideran insuficiente. Romero advirtió que el INTA deberá hacer “gestiones para ampliarlo si quieren un INTA funcionando”. La delegada de ATE, Julieta Boedo, denunció que el oficialismo está trayendo “gente de afuera para ocupar cargos jerárquicos, sin previo concurso”, un hecho que, según ella, demuestra que la “administración de Milei” busca implementar el plan inicial de “despidos y entrega de tierras” que fue frenado por la Justicia y el Congreso. El nuevo Consejo Directivo, que integran las entidades del agro, está “alineado directamente con el gobierno nacional”.
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