Tras el fracaso de las negociaciones, el Gobierno fijó unilateralmente el Salario Mínimo Vital y Móvil. Los montos aumentarán escalonadamente desde $328.400 (noviembre 2025) hasta $376.600 (agosto 2026). La resolución también establece parámetros para la prestación por desempleo.
Tras la falta de consenso entre las cámaras empresariales y las centrales sindicales en el Consejo Nacional de Empleo, Productividad y Salario Mínimo, el Poder Ejecutivo Nacional decidió imponer de manera unilateral la nueva escala de remuneraciones mínimas. La medida, oficializada mediante la Resolución 9/2025 en el Boletín Oficial, establece el valor del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) para el período comprendido entre noviembre de 2025 y agosto de 2026.
El esquema de ajustes progresivos comienza en noviembre de 2025 y se extiende por diez meses, marcando el nuevo piso salarial que regirá como referencia para diversas prestaciones sociales, jubilaciones y programas. La escala de aumentos mensuales para una jornada legal completa establece los siguientes valores: desde noviembre de 2025 el monto será de $328.400, subiendo a $334.800 en diciembre de 2025 y a $341.000 en enero de 2026. Los incrementos continúan con $346.800 en febrero de 2026 y $352.400 en marzo de 2026. Para abril, el salario será de $357.800; en mayo de $363.000; y en junio de $367.800. Finalmente, en julio de 2026 ascenderá a $372.400, culminando en $376.600 en agosto de 2026. Los valores por hora se ajustan proporcionalmente.
La última sesión del Consejo Nacional el pasado 26 de noviembre terminó sin acuerdo. Los representantes de la CGT habían solicitado elevar el piso salarial a $512.000 para noviembre, mientras que el sector empresario ofreció un máximo de $326.000. Ante la disparidad, el Gobierno intervino para definir los montos.
En paralelo a la actualización salarial, la Resolución 9/2025 también ratificó los parámetros para la prestación por desempleo. El cálculo se mantendrá en el equivalente al 75% del importe neto de la mejor remuneración mensual habitual del trabajador en los seis meses previos al cese. La norma estipula que este beneficio no puede ser inferior al 50% ni superar el 100% del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente.
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