El megaincendio de Wang Fuk Court, con más de 159 muertos, desató la mayor crisis política en Hong Kong desde 2019. El Gobierno acusa a “fuerzas externas” de buscar caos y reprime voces críticas antes de las elecciones, mientras crecen las dudas sobre la negligencia en la construcción.
El masivo incendio que devastó los bloques residenciales de Wang Fuk Court el pasado 26 de noviembre ha provocado la crisis política más profunda en Hong Kong desde las protestas prodemocracia de 2019. Mientras el número de víctimas mortales continúa en aumento, alcanzando las 159 personas (incluyendo 19 cuerpos sin identificar), la conmoción en la ciudad ha derivado en indignación popular y cuestionamientos a la gestión gubernamental.
En los jardines cercanos a las estructuras calcinadas, cientos de residentes, como el señor Chan (un empleado financiero de 50 años), han improvisado un santuario. Llegan con flores, frutas, juguetes y notas de luto para honrar la memoria de los fallecidos. El señor Chan, con un crisantemo amarillo, manifestó el sentir colectivo: “Toda persona de Hong Kong que se preocupe por este lugar quiere saber qué ocurrió”. La solemnidad del lugar se mezcla con la preocupación por el futuro y la demanda de que la “verdad salga pronto a la luz”.
Las autoridades locales son plenamente conscientes del desafío que representa este desastre. Su estrategia ha sido doble: por un lado, han intentado atajar la disidencia justo antes de las elecciones al Consejo Legislativo de este domingo, las segundas bajo el sistema de “solo para patriotas” implementado en 2021.
En este contexto, la policía ya ha arrestado a al menos dos personas por alzar la voz crítica. El estudiante Miles Kwan fue detenido tras impulsar una petición online que solicitaba dimisiones y reunió más de 10.000 firmas, y el exconcejal Kenneth Cheung fue arrestado por publicar comentarios críticos en redes sociales, acusado de incitar al odio contra el Ejecutivo.
La ofensiva se ha endurecido con la retórica de Pekín. La oficina de Seguridad Nacional en Hong Kong emitió un comunicado advirtiendo a los “elementos antichinos” y, posteriormente, acusó a “fuerzas externas hostiles” de intentar generar un estado de caos similar al de las manifestaciones de 2019. El comunicado utiliza un lenguaje agresivo, asegurando que la Ley de Seguridad Nacional será aplicada de forma exhaustiva: “Todas las palabras y acciones que perturben Hong Kong serán registradas e investigadas de por vida”.
A medida que se desarrolla la investigación, han surgido datos sobre numerosas quejas previas de los vecinos respecto a posibles riesgos de incendio. La atención se centra ahora en la alta inflamabilidad de la malla que cubría los edificios desde septiembre de 2024, en el marco de una obra de renovación.
Las autoridades han detenido a 15 individuos vinculados a la construcción por presunta negligencia en el uso de mallas que no cumplían los estándares y espumas altamente inflamables que facilitaron la propagación del fuego. Seis personas adicionales han sido arrestadas por fallos en los sistemas antiincendios. El jefe del Ejecutivo de Hong Kong, John Lee, ha prometido la creación de una comisión independiente, presidida por un juez, para investigar la causa de la tragedia, además de duplicar las ayudas a los afectados hasta los 100.000 dólares hongkoneses.
El veterano periodista Chris Yeung comentó que la tragedia probablemente tendrá un impacto en los comicios del domingo. Aunque Yeung cree que los resultados electorales no variarán—pues la fórmula de “solo para patriotas” garantiza que los elegidos serán del mismo establishment—, el incendio ha provocado que el tema electoral se vuelva “inexistente” para muchos ciudadanos. El señor Chan resume este sentir: “Si el resultado ya está predeterminado, ¿por qué votar?”. Esta frustración se suma a la de los vecinos del edificio, quienes sintieron que nunca tuvieron voz en las decisiones de la constructora.
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