El Gobierno busca desactivar la Ley de Glaciares, transfiriendo su protección a provincias mineras. Esta “regresión ambiental” pone en riesgo el agua dulce y permafrost, reserva hídrica vital para la vida en zonas secas.
El Gobierno busca desactivar la Ley de Glaciares, transfiriendo su protección a provincias mineras. Esta “regresión ambiental” pone en riesgo el agua dulce y permafrost, reserva hídrica vital para la vida en zonas secas.
La Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares (Ley 26.639), considerada el escudo ambiental del país sobre sus reservas de agua dulce, enfrenta una embestida legal y legislativa impulsada por el Poder Ejecutivo. La estrategia presidencial busca desactivar los mecanismos de tutela que rigen en la alta montaña, una medida que los sectores socioambientales, incluida la ex legisladora Marta Maffei quien fue impulsora original de una ley para proteger los glaciares, que fue vetada en 2008, y luego su proyecto fue base para la ley vigente sancionada en 2010. , interpretan como la cesión de la soberanía hídrica ante el avance de las inversiones en minería metalífera, cobre y litio.
Este movimiento legal expone el dilema entre el desarrollo extractivo de corto plazo y la supervivencia de los ecosistemas esenciales para el abastecimiento hídrico nacional.
El punto neurálgico del conflicto reside en la redefinición del ambiente periglacial. Esta zona, clave por su hielo subterráneo o permafrost, es un reservorio vital que regula el caudal de los ríos, especialmente durante las sequías. La ley actual prohíbe taxativamente la instalación de infraestructuras o la detonación de explosivos en estas áreas.
Al achicar la definición de “ambiente periglacial”, lo que se deja de proteger es directamente la base del recurso hídrico, tal como lo advierte Maffei:
“Respecto al ambiente periglaciar, es tanto lo que rodea, sostiene, apoya la base del glaciar, como las zonas de permafrost o suelos congelados… De allí obtienen las empresas mineras el agua para sus procesos de lixiviación.”
La propuesta del Gobierno no busca simplemente “modificar” la norma, sino vaciarla de contenido al transferir la potestad de delimitar las áreas protegidas: la decisión pasaría del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) a la órbita de las provincias con intereses mineros.
Esta delegación de responsabilidades a jurisdicciones como San Juan, Catamarca y Jujuy, que históricamente han ejercido fuerte presión pro-minera, es la clave para desbloquear proyectos paralizados. El argumento oficial se centra en la “excesiva restricción” que frena el capital extranjero, pero la realidad, según Maffei, es otra: “El tema hoy y el apuro de Milei, se debe a la presión de las empresas que están operando actualmente en infracción o que piensas hacerlo… Según el mapeo de Zúrich, hay 53 casos entre Jujuy, Salta, La Rioja, Mendoza, Catamarca y San Juan, donde las explotaciones mineras y obras de infraestructura están radicadas en ambientes periglaciares y que en ningún caso habían sido declarados en los estudios de factibilidad.”
La maniobra implica un ataque directo al corazón de la investigación científica nacional. Al ignorar los dictámenes del IANIGLA, responsable del Inventario Nacional de Glaciares (ING), el Ejecutivo debilita la única herramienta técnica con la que cuenta el Estado para proteger estos bienes comunes.
La ciencia advierte que la intervención minera en el periglaciar provoca un derretimiento irreversible y la liberación de metales pesados que contaminan permanentemente los acuíferos. Según expertos de la Red Universitaria por la Crisis Climática (RUCC), esta intervención es un punto de no retorno para el balance hídrico cordillerano.
Marta Maffei subraya la gravedad y permanencia de esta contaminación:
“La contaminación del agua por parte de la minería a cielo abierto y también del fracking es prácticamente irreversible. No se puede asegurar en modo alguno que la contaminación no permanezca… Peor en la minería, considerada la industria más contaminante del mundo… allí quedarán los elementos radiactivos señalados durante cientos o miles de años.”
Adicionalmente, la experta advierte sobre un riesgo climático y sanitario que va más allá de la minería: “Toda la ciencia corrobora que debajo de los glaciares y el permafrost se encuentran vastos depósitos de carbono, mercurio tóxico, metano y microorganismos (bacterias, virus, hongos) atrapados durante milenios, que al destaparse por extracción o derretimiento del hielo liberarían gases de efecto invernadero, venenos pesados y patógenos antiguos.”
Este camino no solo choca con el mandato del Artículo 41 de la Constitución Nacional (que garantiza el derecho a un ambiente sano), sino que pone a la Argentina en falta con compromisos internacionales de la talla del Acuerdo de Escazú sobre la no regresión ambiental.
Para Maffei, la reforma regresiva es, sin duda, inconstitucional: “La regresión, flexibiliza, reduce o elimina derechos y protecciones acordados en las leyes de presupuestos mínimos, debilitando controles y priorizando intereses económicos sobre el derecho al ambiente sano… En este escenario considero que esa reforma regresiva, es inconstitucional.”
La experta enfatiza que el retroceso vulnera el Principio de No Regresión establecido en la Ley 21.455, que prohíbe disminuir niveles de protección ya alcanzados para salvaguardar derechos.
El Futuro Hídrico y el Horizonte de 10 Años
El debate que se instala en el Congreso es, en esencia, la confrontación entre dos modelos de país: aquel que busca asegurar el agua como un bien estratégico y constitucionalmente protegido, y aquel que lo considera un mero recurso extractivo para la inversión inmediata.
La eventual desarticulación de la Ley de Glaciares mediante esta ofensiva legal no representa una simple reforma, sino una decisión política profunda que, según el análisis, tiene un horizonte temporal crítico:
“El riesgo principal está en perder agua para la vida… La celeridad del proceso lo convertirá prácticamente en irreversible en no mucho más de 10 años.”
La crisis climática y el deterioro de las fuentes de agua están “acelerando todos los tiempos del colapso anunciado”, haciendo que la protección de la reserva hídrica glaciar sea la última gran barrera para la supervivencia en las provincias secas y el Oeste argentino.
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