Impacto en servicios esenciales
Lisboa presentó calles casi vacías al amanecer, con escaso tráfico y sin metro subterráneo. Empresas de ferrocarriles como Comboios de Portugal y barcos del Tajo detuvieron operaciones totales, mientras la aerolínea TAP canceló 220 vuelos.
En sanidad, centros de salud y hospitales suspendieron citas no urgentes y cirugías electivas, con adhesión superior al 90%. Colegios cerraron en todo el país, obligando a padres a cuidar hijos o recurrir al teletrabajo.
Origen de la protesta sindical
La movilización surgió por el anteproyecto Trabajo XXI, presentado a fines de agosto por el Ejecutivo de centro-derecha. Este modifica cerca de cien artículos del Código del Trabajo para extender contratos temporales hasta tres o cinco años, según modalidad.
Crea un banco de horas individual que permite sumar dos horas diarias extras, hasta 150 anuales, compensables en tiempo y no siempre en pago. Elimina la obligación de reincorporar trabajadores despedidos irregularmente si la empresa alega perturbaciones.
Posiciones enfrentadas
CGTP y UGT, sindicatos tradicionalmente divididos, coincidieron en calificar la iniciativa como retroceso grave pese a leves ajustes gubernamentales, como suprimir certificados médicos para permisos de lactancia.
Tiago Oliveira, secretario general de CGTP, denunció ataques sistemáticos a derechos adquiridos. La ministra de Trabajo, Rosário Palma Ramalho, defendió adaptaciones al mercado actual, con respaldo de empresarios que ven rigideces en normas vigentes. El salario mínimo portugués alcanza 870 euros, mientras el medio anual es de 24.818 euros, bajo media europea de 39.800.