La Provincia de Buenos Aires anunció el retiro del beneficio a 79.500 usuarios de barrios cerrados y obligará a la recategorización en OCEBA desde 2026 para sostener la tarifa social de bajos ingresos.
La Provincia de Buenos Aires anunció el retiro del beneficio a 79.500 usuarios de barrios cerrados y obligará a la recategorización en OCEBA desde 2026 para sostener la tarifa social de bajos ingresos.

El ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, encabezó una conferencia de prensa junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y la directora ejecutiva del OPISU, Romina Barrios, donde se presentaron anuncios clave de gestión y se realizó un diagnóstico económico.
Los principales puntos se centraron en la reconfiguración de los subsidios energéticos y las consecuencias de las políticas nacionales sobre la economía provincial.
El anuncio de mayor impacto ciudadano se relaciona con el nuevo esquema de subsidios a la energía, que comenzará a regir en enero de 2026.
El ministro Bianco informó que se retirará el beneficio a 79.500 usuarios de la provincia que residen en barrios cerrados, con el objetivo de optimizar los criterios de inclusión y exclusión del sistema provincial. De este total, 66.900 viviendas se encuentran en el Gran Buenos Aires y 12.600 en el interior.
Paralelamente, la medida se adelanta a una modificación regulatoria del Gobierno nacional, que eliminará la categoría N2, correspondiente a los sectores de bajos ingresos. La Provincia sostuvo que buscará mantener la asistencia para estos usuarios vulnerables.
Ante este escenario, quienes pertenecen a la categoría N2 en la segmentación provincial deberán registrarse nuevamente en la web del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) para conservar el subsidio, siempre y cuando cumplan con las condiciones necesarias.
Bianco explicó que la difusión anticipada de esta información busca prevenir que los usuarios se enteren de la quita del beneficio de manera sorpresiva.
A su turno, el ministro Augusto Costa se centró en la situación económica y productiva, atribuyendo la caída a las políticas macroeconómicas del Gobierno nacional. Costa explicó que en los últimos dos años la economía provincial experimentó una caída del 0,8%. Los sectores más afectados fueron la construcción, con un desplome del 22,8%; la industria, con una baja del $9,6%; y el comercio, con una disminución del $6,5%.
El ministro informó que la provincia perdió casi $95$ mil empleos registrados y 4.900 empleadores menos desde fines de 2023 hasta septiembre de 2025.
Costa sostuvo que factores como la apreciación del tipo de cambio, la suba de la tasa de interés, la apertura de importaciones y la pérdida de poder adquisitivo explican la “destrucción del entramado productivo argentino“.
El funcionario reclamó al Gobierno nacional la transferencia de recursos necesarios para la política pública y afirmó que la Provincia continuará funcionando como “escudo y red” ante la crisis.

En materia de juego en línea, el ministro Bianco realizó dos anuncios principales. Por un lado, informó que el Instituto de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires realizó trescientas denuncias contra sitios de apuestas ilegales en unidades fiscales especializadas.
Por otro lado, anunció que se estableció la obligatoriedad de que el registro en los sitios de juego legal incluya reconocimiento facial. Esta medida busca evitar de manera definitiva que menores de edad intenten acceder a las plataformas de apuestas. Además, se recordó que la Provincia dispone de una red de atención de salud mental para personas con problemas de ludopatía.
El ministro Bianco contrastó la situación de la obra pública, afirmando que, mientras el Gobierno nacional paralizó mil obras en el territorio, la Provincia continuó con sus licitaciones.
Por su parte, Romina Barrios, directora del OPISU, detalló el trabajo realizado por el organismo en 266 barrios de 68 municipios bonaerenses.
La inversión total del OPISU asciende a $413 mil millones de pesos, con 406 obras planificadas, de las cuales 255 ya finalizaron y 138 están en ejecución. Barrios presentó el plan de inversiones para el 2026, que incluye la construcción de infraestructura urbana, equipamientos comunitarios, playones deportivos y mercados bonaerenses.
En este contexto de reconfiguración económica y tarifaria, la Provincia busca reafirmar su rol como sostén social.
La combinación de la quita de subsidios a sectores de mayor poder adquisitivo y la exigencia de un nuevo registro para los usuarios vulnerables plantea la incógnita sobre la capacidad del sistema de recategorización para blindar efectivamente a los sectores de menores ingresos, frente a los drásticos cambios regulatorios impulsados a nivel nacional.
El techo subirá de $1.527 a $1.565 en enero por inflación de noviembre; Central prioriza comprar USD 10.000 millones (hasta 17.000 si demanda de pesos crece), ante ingreso récord de divisas por trigo y bonos por USD 6.000 millones.
“La conducta enrostrada a la encartada repulsa la ética y el decoro que deben prevalecer en el accionar de todo funcionario público”, se indicó.
La empresa había solicitado incorporar más posiciones arancelarias al listado de mercaderías eximidas.
Crea un nuevo marco normativo para modernizar la producción, fomentar el empleo e impulsar la investigación en el sector
La decisión fortalece la posición argentina en el litigio por acciones de YPF en tribunales de Nueva York al ratificar la separación entre el patrimonio estatal y el de la petrolera.
Milei utiliza el escándalo de la AFA para disciplinar a una oposición vinculada a Tapia (Kicillof, Zamora, Massa). Entre sospechas de fondos negros y narco, el Gobierno busca aprobar reformas clave y ajustar el dólar ante la falta de auxilio financiero de Trump.
El gobernador Osvaldo Jaldo suspendió la reforma electoral en Tucumán hasta 2026, alegando falta de consenso. La iniciativa, que buscaba limitar acoples e implementar Ficha Limpia, fue duramente criticada por la oposición, que acusa al oficialismo de perpetuar un sistema arcaico.
La Justicia federal investiga a Paola Barritta (ATEPSA) y a la ex funcionaria Gabriela Logatto por presunto fraude contra EANA. Se les acusa de utilizar un acta paritaria inexistente para reclamar judicialmente aumentos millonarios. El expediente analiza si el documento fue fabricado como herramienta de presión política.