La Cámara Federal revisará la orden de decomisar diecinueve propiedades de Máximo y Florencia Kirchner. Las defensas alegan que la medida es inconstitucional, afectando activos de terceros no condenados en la Causa Vialidad.
La Cámara Federal revisará la orden de decomisar diecinueve propiedades de Máximo y Florencia Kirchner. Las defensas alegan que la medida es inconstitucional, afectando activos de terceros no condenados en la Causa Vialidad.
El debate sobre el patrimonio de la familia Kirchner ingresó en una fase determinante. El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) concedió los recursos de apelación y elevó a la Cámara Federal de Casación Penal la disputa sobre el decomiso de diecinueve inmuebles.
Estos bienes están actualmente registrados a nombre de Máximo y Florencia Kirchner, pero la Justicia busca ejecutarlos como parte de la condena impuesta a la expresidenta Cristina Kirchner.
El TOF 2, que había sentenciado a la exmandataria a seis años de prisión por administración fraudulenta, ratificó que el monto del resarcimiento al Estado, actualizado a casi $684.000 millones, está firme y en plena etapa de ejecución.
Sin embargo, los jueces Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu habilitaron la revisión superior de la legalidad de avanzar sobre el patrimonio de los hijos, quienes no fueron imputados en el expediente de obra pública.
La ofensiva legal de la familia Kirchner para detener el remate se fundamenta en dos líneas de argumentación. La defensa de Cristina Kirchner, encabezada por Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, argumentó que la decisión del 18 de noviembre implica un “avasallamiento” de lo dispuesto en la Convención Interamericana contra la Corrupción.
Sostuvieron que el tribunal aplicó un modelo de sanción que se excede los marcos legales al afectar bienes que ya no pertenecen a la persona condenada.
Por su parte, Luis Goldin, apoderado legal de Máximo y Florencia Kirchner, alegó “arbitrariedad y lesión del derecho de propiedad”. El abogado sostuvo que el TOF 2 aplicó indebidamente un “régimen de decomiso amplio” y por “valor equivalente”, extendiéndolo a bienes que, según la defensa, son de origen lícito y fueron obtenidos por cesiones o sucesiones regularmente acreditadas.
La postura es que la medida vulnera el principio de inocencia y el debido proceso de terceros ajenos al delito.
El tribunal oral reconoció que la controversia jurídica se centra en si la sanción puede proyectarse sobre activos que, aunque vinculados temporalmente a la maniobra investigada entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, hoy son propiedad de personas que no fueron parte del juicio.
La definición de la cuestión quedó a cargo de la Sala IV de Casación, integrada por los magistrados Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña.
Las defensas ya anticiparon que, en caso de un fallo adverso en esta instancia, llevarán el reclamo hasta la Corte Suprema de Justicia e incluso ante organismos internacionales para evitar la toma de posesión efectiva de las propiedades.
La orden de decomiso, solicitada por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, busca recuperar los activos necesarios para saldar el daño económico. Además de los diecinueve inmuebles de los Kirchner en El Calafate y Río Gallegos, la medida alcanza bienes y empresas del empresario Lázaro Báez, como Austral Construcciones y Kank y Costilla.
La resolución judicial determina que todo se ejecute previa tasación para cubrir los $684.990.350.139. Se estableció que si el patrimonio de los principales condenados no es suficiente, se avanzará sobre los bienes de otros sentenciados, como el exsecretario de Obras Públicas, José López.
Mientras se resuelven las apelaciones, los bienes quedan inscriptos en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y Decomisados, manteniendo la ejecución en suspenso.
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