El Gobierno nombró a Andrés Vázquez, extitular de la DGI, como director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en reemplazo del renunciante Juan Pazo. Vázquez asume en medio de una compleja investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y lavado a raíz de tres condominios en Miami no declarados.
El Poder Ejecutivo formalizó un cambio clave en el organismo de control fiscal más sensible del país al designar a Andrés Edgardo Vázquez como director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), anteriormente conocida como AFIP. El nombramiento, dispuesto por el Decreto 890/2025, se produce tras la renuncia de Juan Pazo, quien decidió volver al sector privado. Sin embargo, el ascenso de Vázquez, quien cuenta con más de 35 años de trayectoria en el organismo recaudador, está marcado por un oscuro historial de investigaciones judiciales y denuncias por opacidad patrimonial.
Vázquez, contador de profesión y ex titular de la Dirección General Impositiva (DGI) durante la gestión de Milei, se encuentra actualmente investigado por la Justicia Federal por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de activos y evasión tributaria. El foco de la pesquisa está puesto en tres inmuebles de lujo en Miami, Estados Unidos, que superan los dos millones de dólares y que el funcionario habría omitido sistemáticamente en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA).
La investigación de su patrimonio se profundizó tras revelarse que Vázquez habría adquirido estas propiedades a través de una intrincada estructura de sociedades offshore. La maniobra incluiría una sociedad madre constituida en las Islas Vírgenes Británicas (BVI), que a su vez controlaba otras dos compañías panameñas, utilizadas como vehículo para la compra de los condominios. Además, documentos oficiales del condado de Miami-Dade confirmaron que, entre 2014 y 2018, Vázquez pagó con cheques a su nombre los impuestos de estas propiedades, evidenciando su vinculación directa con bienes que nunca declaró en el país.
No es la primera vez que Vázquez es objeto de sospechas por cuentas en el exterior. En 2011, fue denunciado por presuntamente controlar una cuenta bancaria en la isla de Curazao y, posteriormente, en Luxemburgo, sin notificar al fisco argentino. Aunque logró ser sobreseído en 2022 por el juez federal Ariel Lijo ante la imposibilidad de obtener la verificación de esas cuentas por parte de las jurisdicciones extranjeras, los patrones de ocultamiento patrimonial se repiten en el nuevo expediente.
El proceso de su nombramiento en la DGI fue misterioso y generó revuelo interno, ya que el decreto fue firmado únicamente por el presidente Javier Milei y la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sin la participación del ministro de Economía ni la titular de ARCA de ese momento. Además, en el marco de la actual investigación por las propiedades en Miami, Vázquez logró un movimiento procesal clave al conseguir que se desplace al fiscal que estaba a cargo y que había avanzado en medidas de prueba. El ascenso de un funcionario con un historial tan turbulento plantea serios cuestionamientos sobre la coherencia del Gobierno en la lucha contra la corrupción y la evasión fiscal.
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