México y EE. UU. pactaron reforzar la inteligencia fronteriza para neutralizar ataques con drones criminales. La estrategia busca desmantelar las finanzas del narcotráfico y frenar el fentanilo, catalogado por Washington como arma de destrucción masiva, bajo un esquema de extradiciones aceleradas.
En un giro estratégico para la seguridad regional, las administraciones de Estados Unidos y México sellaron un pacto para neutralizar las agresiones ejecutadas con aeronaves no tripuladas en la zona limítrofe. Tras una cumbre de alto nivel en la capital mexicana, ambos gobiernos anunciaron la integración de sus sistemas de análisis y el robustecimiento del flujo de información táctica para prevenir ofensivas del crimen organizado.
Esta alianza surge en un contexto de máxima presión desde Washington. Recientemente, el presidente Donald Trump catalogó al fentanilo como un “arma de destrucción masiva”, equiparando el impacto de este narcótico con el de un ataque bélico debido a la alarmante cifra de decesos por sobredosis en territorio estadounidense.
El Grupo de Implementación de Seguridad (SIG) estableció como prioridad absoluta el desmantelamiento de las redes que sostienen el tráfico de sustancias sintéticas. Las medidas acordadas contemplan la ejecución de acciones contundentes contra entidades bancarias y cómplices que facilitan el lavado de activos provenientes del narcotráfico. Asimismo, se pactó la aceleración de operativos para desarticular a los carteles, tras su reciente designación como grupos terroristas por parte de la Casa Blanca. Finalmente, se buscará agilizar los procesos de extradición y la confiscación de propiedades vinculadas a actividades ilícitas para asfixiar operativamente a las organizaciones criminales.
La medida de fuerza fue convocada para el 18 de diciembre.
“La litigiosidad se disparó porque el Poder Judicial no cumple en forma completa con la ley sancionada en 2017”, dijo Gonzalo Dabini.
Juan Cruz Soria Cangiano, abogado de varias de las madres, expuso que la Justicia no los deja acceder al expediente para saber qué fármaco investigan.
Empresarios arrepentidos denunciaron en la Causa Cuadernos un sistema de extorsión y amenazas para adjudicar obra pública. Relataron pagos forzados en oficinas estatales y coacciones contra sus familias, mientras la fiscalía señaló a la cúpula del gobierno anterior como organizadora.
Patricia Bullrich y Axel Kicillof se enfrentaron por la reforma laboral, cruzando críticas sobre la informalidad y la justicia social. Mientras el oficialismo busca dictaminar este viernes, gobernadores peronistas denuncian que los cambios legales profundizarán el desfinanciamiento de las arcas provinciales.
Morales Solá critica el ascenso de Andrés Vázquez a la ARCA por sus vínculos con el espionaje y sus causas por evasión. Según el autor, su designación carece de “autoridad moral” y coincide con un arriesgado giro cambiario exigido por el FMI.
El oficialismo busca media sanción para el Presupuesto 2026 en Diputados, incluyendo recortes a universidades y al Hospital Garrahan. Para asegurar votos aliados, el Gobierno aceptó saldar la deuda por coparticipación con la Ciudad, cumpliendo con el fallo de la Corte.
El riesgo país cayó a la zona de los 550 puntos básicos tras el anuncio de un plan oficial para fortalecer las reservas del Banco Central. La suba de los bonos en dólares y el superávit de fondos acumulado por el Tesoro permiten proyectar una vuelta al crédito internacional durante el mes de enero.
