El Senado brasileño debate hoy una ley para reducir la pena de Jair Bolsonaro de 27 años a poco más de dos. La propuesta, impulsada por aliados conservadores, enfrenta fuertes críticas de Lula da Silva y movilizaciones sociales que exigen el cumplimiento íntegro de la condena por golpismo.
La Cámara Alta de Brasil inicia este miércoles un debate crucial que podría alterar el futuro judicial de Jair Bolsonaro, quien actualmente cumple una condena de 27 años de prisión por su rol en el intento de golpe de Estado de 2022. El proyecto de ley, que ya obtuvo el visto bueno de los diputados la semana pasada, propone una reestructuración de las penas para delitos políticos que permitiría al exmandatario recuperar su libertad en poco más de dos años.
El clima político se encuentra en máxima tensión. Mientras la bancada conservadora defiende la medida como un acto de “pacificación nacional”, los sectores progresistas y diversos movimientos sociales han tomado las calles bajo la consigna “Sin amnistía”, calificando la iniciativa como un retroceso institucional.
La propuesta legislativa trasciende la figura del líder ultraderechista al plantear una reestructuración profunda que reduciría el tiempo de reclusión efectiva de Bolsonaro de ocho años a solo veintiocho meses. Esta normativa también funcionaría como un alivio procesal para más de un centenar de seguidores implicados en las revueltas contra las sedes gubernamentales de 2023, otorgándoles el beneficio de la libertad condicional. Ante este escenario, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha mantenido una postura inflexible, ratificando que los responsables de la conspiración deben cumplir sus condenas íntegramente y advirtiendo sobre un posible veto presidencial. No obstante, el Parlamento conserva la potestad constitucional de revertir dicha anulación si logra reunir la mayoría necesaria, lo que anticipa un conflicto de poderes en el cierre del año legislativo.
A diferencia de la Cámara de Diputados, el Senado presenta una composición menos favorable para el bolsonarismo. Legisladores de centro, como Alessandro Vieira, han alertado que el texto actual funciona como un “caballo de Troya” que podría favorecer colateralmente a la delincuencia común, por lo que exigen modificaciones profundas o el descarte total de la norma.
Por su parte, el senador Flávio Bolsonaro —hijo del expresidente y potencial candidato para las elecciones de 2026— ha mostrado disposición a negociar el articulado para evitar que el beneficio se extienda a criminales ajenos a la causa política. El tiempo es un factor crítico: si el Senado no ratifica el proyecto antes del receso del viernes, la discusión quedará congelada hasta el próximo año electoral.
Bolsonaro permanece recluido en una sede policial de Brasilia desde noviembre, tras un incidente en el que intentó destruir su tobillera electrónica mientras cumplía prisión domiciliaria. La justicia lo halló culpable de liderar una trama para asesinar al entonces presidente electo y subvertir el orden democrático.
Con apenas 12 años, el joven maravilla argentino Faustino Oro continúa su ascenso meteórico hacia la élite del ajedrez global. Tras romper récords de precocidad y establecerse como el Maestro Internacional más joven de la historia.
Con vestidos imperiales, danzas del siglo XIX y un té tradicional, la sede diplomática en Buenos Aires conmemoró el nacimiento de la gran autora inglesa. El evento incluyó la presentación de “Queremos tanto a Jane”, de Juana Libedinsky, una investigación sobre el fenómeno global de los fans.
Romina Enríquez, la madre denunciada por estafar a 35 familias de Misiones tras usar el dinero de la fiesta de egresados para jugar al casino, solicitó a la Justicia no ser detenida. Alegó problemas psiquiátricos y reposo absoluto para justificar su ausencia ante las autoridades.
La medida de fuerza fue convocada para el 18 de diciembre.
“La litigiosidad se disparó porque el Poder Judicial no cumple en forma completa con la ley sancionada en 2017”, dijo Gonzalo Dabini.
Juan Cruz Soria Cangiano, abogado de varias de las madres, expuso que la Justicia no los deja acceder al expediente para saber qué fármaco investigan.
Empresarios arrepentidos denunciaron en la Causa Cuadernos un sistema de extorsión y amenazas para adjudicar obra pública. Relataron pagos forzados en oficinas estatales y coacciones contra sus familias, mientras la fiscalía señaló a la cúpula del gobierno anterior como organizadora.
Patricia Bullrich y Axel Kicillof se enfrentaron por la reforma laboral, cruzando críticas sobre la informalidad y la justicia social. Mientras el oficialismo busca dictaminar este viernes, gobernadores peronistas denuncian que los cambios legales profundizarán el desfinanciamiento de las arcas provinciales.
