Diputados dio dictamen a la ley de Inocencia Fiscal, que eleva a $100 millones el piso para considerar delitos de evasión. El oficialismo busca incentivar el blanqueo de capitales y simplificar el sistema, mientras el peronismo impulsa un proyecto alternativo con ajustes basados en el salario mínimo.
El oficialismo logró dar un paso fundamental en la Cámara de Diputados al obtener el despacho de mayoría para el proyecto denominado Inocencia Fiscal. Esta medida forma parte de un paquete de leyes clave que el Gobierno busca sancionar de manera acelerada durante el inicio del periodo de sesiones extraordinarias. La propuesta central de la administración libertaria apunta a reestructurar la persecución penal de los contribuyentes, elevando de forma drástica los umbrales económicos a partir de los cuales el Estado considera que existe una evasión punible por la justicia.
La intención detrás de esta actualización de montos es generar un escenario de previsibilidad que incentive el reingreso de divisas al circuito formal. Se estima que existe una masa de capitales fuera del sistema legal que asciende a cientos de miles de millones de dólares, y esta reforma funcionaría como una invitación para regularizar situaciones impositivas sin el riesgo de enfrentar procesos criminales inmediatos. El dictamen favorable contó con el respaldo del bloque de La Libertad Avanza y el acompañamiento de sectores del PRO, la UCR y agrupaciones provinciales, sumando el volumen necesario para llevar el debate al recinto este mismo miércoles.
La iniciativa del Ministerio de Economía propone un cambio de paradigma en la fiscalización al establecer que solo los casos de evasión de gran magnitud sean objeto de intervención penal, elevando el piso de punibilidad de los actuales 1,5 millones a 100 millones de pesos. Además, el proyecto introduce mecanismos para que la acción penal quede sin efecto si el contribuyente decide saldar su deuda tributaria de manera voluntaria. También se fijan nuevos límites para la prescripción de infracciones pasadas, priorizando la eficiencia del sistema judicial en la resolución de fraudes fiscales de alta relevancia económica.
En la vereda opuesta, el interbloque de Unión por la Patria formalizó su propio dictamen con el apoyo de casi una treintena de legisladores. Aunque la propuesta peronista también reconoce la necesidad de actualizar los montos de evasión, sugiere que estos se calculen de forma proporcional al salario mínimo, vital y móvil para evitar desfasajes futuros por inflación. Asimismo, la oposición plantea que el derecho a rectificar declaraciones juradas antes de una auditoría oficial sea el medio para evitar denuncias, estableciendo plazos de diez años para que las provincias y el fisco nacional puedan reclamar deudas previsionales o impositivas pendientes.
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