El oficialismo busca media sanción para el Presupuesto 2026 en Diputados, incluyendo recortes a universidades y al Hospital Garrahan. Para asegurar votos aliados, el Gobierno aceptó saldar la deuda por coparticipación con la Ciudad, cumpliendo con el fallo de la Corte.
La Cámara de Diputados se convierte este miércoles en el escenario de una definición política crucial para la gestión de Javier Milei. El Poder Ejecutivo intenta obtener la media sanción de la denominada “Ley de Leyes”, tras haber conseguido un dictamen de mayoría que refleja un cambio profundo en las prioridades del Estado. La propuesta gubernamental llega al recinto apuntalada por sectores aliados del PRO, la UCR y bloques provinciales alineados con mandatarios del norte del país, aunque el debate se anticipa ríspido debido a la eliminación de partidas destinadas a sectores sensibles de la seguridad social y la educación.
El proyecto que defenderán los representantes de La Libertad Avanza introduce modificaciones drásticas en el esquema de inversión pública. Entre los puntos más controvertidos se encuentra la decisión de dejar sin efecto normativas que garantizaban el financiamiento para las universidades nacionales y la atención en materia de discapacidad. Asimismo, el texto oficialista plantea el fin de los fondos específicos para el Hospital Garrahan, bajo el argumento de que las obligaciones estatales con el centro pediátrico ya han sido saldadas, lo que ha puesto en alerta a la comunidad médica y académica.
La arquitectura del nuevo presupuesto no solo contempla recortes, sino también una reconfiguración de las prestaciones sociales y los flujos financieros hacia los distritos. El dictamen propone eliminar la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo y de otras transferencias directas, sujetando el valor de estos beneficios a decisiones discrecionales o a la evolución inflacionaria según el criterio del Ejecutivo. Este movimiento es interpretado por la oposición como una licuación del gasto social para sostener las metas de déficit cero.
Para compensar las tensiones y asegurar los votos necesarios, el Gobierno nacional cedió ante una de las exigencias históricas del macrismo. El texto final incluirá una cláusula que faculta a la Jefatura de Gabinete a transferir los fondos adeudados a la Ciudad de Buenos Aires por el conflicto de la coparticipación. Esta medida busca dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema que restituyó el coeficiente del 2,95 por ciento a la Capital Federal, un gesto que permitió alinear al bloque del PRO y a sectores del radicalismo detrás del proyecto oficial.
Desde la vereda de enfrente, el interbloque Fuerza Patria ha formalizado un dictamen de minoría con un enfoque diametralmente opuesto. Los legisladores opositores denuncian que la intención del Gobierno es manejar los recursos públicos con un nivel de arbitrariedad inédito y rechazan de plano la caída del financiamiento educativo, que históricamente debe representar el seis por ciento del Producto Bruto Interno. La estrategia de los sectores críticos será proponer artículos alternativos que garanticen fondos para la educación técnica y la salud pública, intentando forzar cambios durante la votación en particular.
El oficialismo sostiene que la aprobación de este presupuesto es indispensable para brindar señales de previsibilidad a los mercados internacionales y consolidar la seriedad de la Argentina frente a los inversores. Sin embargo, si el debate se empantana en el recinto, el país se enfrentaría a un nuevo ciclo sin una hoja de ruta financiera consensuada, lo que obligaría al Poder Ejecutivo a seguir operando mediante prórrogas presupuestarias y decretos, profundizando la confrontación política en el Congreso Nacional.
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