Empresarios arrepentidos denunciaron en la Causa Cuadernos un sistema de extorsión y amenazas para adjudicar obra pública. Relataron pagos forzados en oficinas estatales y coacciones contra sus familias, mientras la fiscalía señaló a la cúpula del gobierno anterior como organizadora.
En una nueva jornada del juicio por la denominada Causa Cuadernos, el Tribunal Oral Número 7 profundizó en el funcionamiento de “La Camarita”, el tramo que investiga la cartelización y recaudación ilegal en el sector de la construcción. Durante una extensa audiencia, varios referentes empresariales que se acogieron a la figura del arrepentido detallaron la violencia de las presiones recibidas por parte de funcionarios de la gestión anterior. Los testimonios coincidieron en describir un ambiente de hostilidad donde la continuidad de sus compañías dependía exclusivamente del pago de retornos sistemáticos.
Los relatos judiciales expusieron maniobras de amedrentamiento que incluían advertencias directas contra la integridad de los familiares de los directivos. Según las declaraciones, quienes se resistían a entregar las sumas de dinero exigidas enfrentaban represalias inmediatas, como auditorías arbitrarias, multas injustificadas y el bloqueo total de los pagos por obras ya ejecutadas. Este mecanismo de asfixia financiera obligó a múltiples firmas a ceder ante las demandas de los entonces encargados de la planificación federal y el control de concesiones viales.
La operatoria ilegal contaba con una logística precisa para el traslado de los fondos, que solían entregarse en efectivo dentro del propio ministerio o en domicilios particulares de los funcionarios. Algunos empresarios recordaron con precisión cómo se les indicaba depositar paquetes con dinero en los sanitarios de las oficinas públicas para evitar ser detectados. Con el tiempo, la recaudación se centralizó en figuras del ámbito financiero que actuaban como nexos, estableciendo una división tajante entre las empresas “amigas”, que aceptaban el sistema de cartelización, y las “enemigas”, que eran expulsadas del mercado.
El expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción admitió que, desde el inicio del ciclo político investigado, se diseñó un método para que un grupo selecto de corporaciones resultara adjudicatario de las licitaciones a cambio de devolver un porcentaje del anticipo financiero. Esta estructura no solo garantizaba el flujo de dinero negro para la política, sino que también aseguraba que las obras fueran distribuidas de manera discrecional entre los participantes del esquema.
Tras escuchar las confesiones de los involucrados, se dio lectura al análisis del fiscal Carlos Stornelli, quien ratificó la existencia de una organización criminal dedicada al direccionamiento de fondos públicos. Para el Ministerio Público, la Dirección Nacional de Vialidad funcionó como una herramienta de coacción, utilizando los listados de pagos prioritarios para premiar o castigar a las constructoras según su nivel de cumplimiento con los retornos exigidos.
La acusación fiscal ubicó a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo de aquel entonces en la cima de esta estructura piramidal, señalándolas como los beneficiarios finales de la recaudación. Se identificó al Ministerio de Planificación Federal como el brazo ejecutor encargado de organizar la implementación del sistema en todo el territorio nacional. El proceso judicial continuará esta semana con la lectura de los tramos finales de la prueba documental, acercándose a las instancias definitivas del debate oral.
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