El Senado de Brasil aprobó reducir las penas de Jair Bolsonaro y los condenados por el intento de golpe. La nueva ley limita la sumatoria de delitos en protestas masivas, lo que permitiría al expresidente salir de prisión en solo dos años pese al rechazo de Lula da Silva.
En una sesión nocturna que redefine el panorama legal de la política brasileña, la Cámara Alta ratificó este miércoles el proyecto para suavizar los castigos penales impuestos a Jair Bolsonaro y a los demás involucrados en la trama antidemocrática de 2022. La iniciativa obtuvo el respaldo de 48 parlamentarios frente a 25 votos negativos, consolidando el camino que ya había trazado la Cámara de Diputados. Aunque el presidente Lula da Silva ha manifestado su intención de bloquear la normativa mediante el veto, la mayoría conservadora en el Palacio Legislativo posee la fuerza numérica necesaria para anular la decisión presidencial y poner en vigencia la ley de forma definitiva.
La nueva legislación surge como una respuesta de los sectores de derecha ante las sentencias dictadas por el Poder Judicial meses atrás. El exmandatario ultraderechista, quien recientemente ingresó en prisión para purgar una pena de más de 27 años, podría ver significativamente reducido su tiempo tras las rejas. La estrategia parlamentaria se centró en reformar la medición de las penas para incidentes ocurridos en contextos de aglomeraciones masivas, evitando que la acumulación de delitos extienda las condenas por décadas.
La reforma establece criterios técnicos que impactan directamente en la forma en que la justicia brasileña suma los años de castigo. Bajo esta nueva óptica, se prioriza el delito más grave cometido en un mismo escenario, lo que desarticula la sumatoria de cargos individuales que elevó las condenas originales. Esta modificación no solo favorece a los manifestantes que irrumpieron en las sedes gubernamentales de Brasilia el 8 de enero de 2023, sino que también alcanza a los mandos jerárquicos y organizadores del plan de ruptura institucional.
Según las proyecciones de expertos legales, la estadía efectiva de Bolsonaro en un régimen de encierro estricto podría acortarse de los seis años originales a solo dos. Este alivio judicial también se extendería a figuras de alto rango militar y policial que fueron sentenciadas por conspirar para atentar contra las autoridades electas o por entorpecer los procesos de votación mediante bloqueos carreteros durante los comicios generales.
Paralelamente al avance legislativo, la defensa del expresidente ha intensificado las solicitudes para trasladarlo a un régimen de prisión domiciliaria, citando un deterioro progresivo en su condición física. Un equipo de especialistas médicos de la Policía Federal realizó una evaluación técnica esta semana para certificar la necesidad de intervenciones quirúrgicas de carácter urgente. La decisión final sobre estos beneficios humanitarios recaerá en el Tribunal Supremo, organismo que también deberá atender las probables impugnaciones de inconstitucionalidad que las fuerzas de izquierda planean presentar contra la nueva ley de alivio penal.
Mientras tanto, la justicia continúa con el procesamiento de otros funcionarios de segundo orden involucrados en planes de magnicidio. Las condenas recientes contra generales y exdirectores policiales, que oscilan entre los 24 y 26 años de cárcel, también quedarían sujetas a las rebajas estipuladas por la norma que acaba de aprobar el Congreso, evidenciando un profundo choque de poderes entre la mayoría legislativa y la cúpula judicial de la nación.
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