Trump incrementó las deportaciones al sustituir jueces civiles por abogados militares, quienes autorizan expulsiones en el 78% de los casos. La medida, cuestionada por vulnerar el debido proceso y desviar fondos de Defensa, busca agilizar expulsiones mediante “jueces de deportación”.
En un esfuerzo por dinamizar su política de repatriaciones masivas, la Casa Blanca ha comenzado a transformar el sistema de cortes migratorias. Según un reciente relevamiento de la entidad Mobile Pathways, la estrategia de sustituir jueces civiles por abogados provenientes de las Fuerzas Armadas ha disparado la efectividad de las órdenes de salida. Las estadísticas revelan que estos nuevos funcionarios dictan la expulsión en el 78% de los expedientes, superando ampliamente el 63% que promediaban los magistrados tradicionales.
Esta reestructuración incluyó la desvinculación de aproximadamente 140 jueces de carrera, muchos de ellos con perfiles orientados a la defensa de derechos humanos, para dar lugar a 36 uniformados. El Departamento de Justicia ha modificado los requisitos de contratación, eliminando la necesidad de pericia previa en derecho migratorio, lo que permite que personal del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea asuma roles de sentencia bajo un enfoque de rigor castrense.
La implementación de este modelo ha generado una fuerte resistencia entre legisladores demócratas y organizaciones civiles. Se cuestiona si el uso de efectivos militares para tareas de justicia civil vulnera la Ley Posse Comitatus, que restringe la intervención de las milicias en asuntos de orden público interno.
Falta de debido proceso: institutos de políticas migratorias advierten que la carencia de formación específica de estos jueces temporales pone en riesgo la equidad jurídica de los solicitantes de asilo.
Criterios de permanencia: el caso del teniente coronel Christopher Day, quien fue relevado de su cargo tras emitir fallos favorables a los migrantes, sugiere que el Ejecutivo prioriza los índices de deportación por sobre la independencia judicial.
Redefinición del cargo: en las nuevas convocatorias laborales, el Gobierno ha reemplazado el título de “juez de inmigración” por el de “juez de deportación”, ofreciendo salarios que superan los 200.000 dólares para quienes aseguren la salida de extranjeros sin sustento legal.
La administración de Donald Trump no solo ha intervenido en el factor humano, sino también en el financiero. Un grupo de legisladores, encabezado por la senadora Elizabeth Warren, denunció el traspaso de 2.000 millones de dólares del presupuesto de Defensa hacia las agencias de control fronterizo. Warren calificó esta maniobra como un “insulto” a la institución militar, argumentando que se utilizan recursos de seguridad nacional para financiar una agenda política partidista.
Mientras tanto, el sistema judicial enfrenta un colapso histórico con más de tres millones de expedientes en espera. Las directivas actuales instruyen a los tribunales a rechazar solicitudes de asilo consideradas “insuficientes” sin siquiera realizar audiencias presenciales. Esta aceleración del trámite, sumada a la cancelación de asistencia legal para menores y el traslado de detenidos a prisiones remotas, consolida un esquema de justicia exprés diseñado para cumplir con las metas de expulsión del presidente.
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