Pese a las quejas de la Casa Rosada por los cambios introducidos en Diputados, el Gobierno avanza con el tratamiento en comisiones. El objetivo es obtener el dictamen este viernes y sancionar la ley antes de fin de año, en medio de amenazas de veto.
Pese a las quejas de la Casa Rosada por los cambios introducidos en Diputados, el Gobierno avanza con el tratamiento en comisiones. El objetivo es obtener el dictamen este viernes y sancionar la ley antes de fin de año, en medio de amenazas de veto.
La dinámica parlamentaria no da tregua y, tras la accidentada media sanción en la Cámara Baja, el Presupuesto 2026 ha desembarcado en el Senado con un clima de tensión interna y externa. El oficialismo, liderado por La Libertad Avanza, ha decidido acelerar el tratamiento en las comisiones de Presupuesto y Hacienda para intentar emitir dictamen este mismo viernes. La estrategia busca dejar el proyecto listo para ser debatido en el recinto el próximo 26 de diciembre, en un intento por cerrar el año con la “ley de leyes” aprobada. Sin embargo, el camino es sinuoso: desde el entorno presidencial han dejado trascender que el texto actual, que mantiene el financiamiento para universidades y discapacidad que el Ejecutivo pretendía recortar, “vulnera el déficit cero”, lo que mantiene vigente la sombra de un veto presidencial.
El debate en el Senado representa para el Gobierno una oportunidad de “limpieza” legislativa. La intención de los senadores libertarios es reintroducir los artículos que fueron rechazados en Diputados (especialmente el polémico Capítulo XI) para forzar una segunda vuelta en la Cámara iniciadora que restablezca la poda del gasto original. Esta maniobra técnica pone a prueba la capacidad de negociación con los gobernadores, quienes ven en el presupuesto una herramienta de supervivencia para sus provincias, pero también una moneda de cambio ante la discrecionalidad de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). El pensamiento crítico sugiere que el oficialismo está jugando una partida de ajedrez donde la sanción de la ley es prioritaria, pero no a cualquier costo fiscal.
La jornada en las comisiones también estará marcada por la discusión de la denominada “Inocencia Fiscal”, otro de los pilares del programa económico que el Gobierno considera innegociable. Para el público adulto y reflexivo, lo que se dirime en estos días en el Congreso es el diseño del Estado para los próximos años. Mientras la oposición insiste en proteger áreas sensibles como la salud y la educación superior, el oficialismo argumenta que cualquier desvío de las metas de superávit enviaría una señal de debilidad a los mercados y comprometería la estabilidad monetaria. La gobernabilidad parlamentaria de la gestión Milei se enfrenta así a su examen más riguroso: lograr que el Senado actúe como una cámara revisora que le devuelva al Ejecutivo la “motosierra” que Diputados intentó apagar.
Finalmente, el cronograma legislativo es implacable. Si el oficialismo logra su cometido, el proyecto volvería a Diputados el 29 de diciembre para su sanción definitiva, cerrando el período extraordinario sobre el límite del calendario. Sin embargo, el malestar en la Casa Rosada con sus propios aliados (especialmente el PRO y sectores de la UCR) por el “desmanejo” en la votación anterior ha dejado la relación política en un punto de fragilidad extrema. La Argentina se encamina a un cierre de año donde la incertidumbre sobre las reglas económicas sigue siendo la norma. En este tablero de alta tensión, la estabilidad institucional depende de un equilibrio muy fino entre la intransigencia fiscal del presidente y la realidad territorial de los legisladores.
La decisión de prorrogar el tratamiento busca extender las negociaciones con los bloques dialoguistas y los gobernadores. Ante la falta de consensos por los artículos más sensibles, el oficialismo evita un traspié legislativo y traslada la discusión al próximo período de sesiones.
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Pese a las quejas de la Casa Rosada por los cambios introducidos en Diputados, el Gobierno avanza con el tratamiento en comisiones. El objetivo es obtener el dictamen este viernes y sancionar la ley antes de fin de año, en medio de amenazas de veto.
