Presupuesto 2026: el Gobierno cede en universidades y discapacidad

En un giro estratégico en el Senado, el oficialismo decidió no insistir con los recortes en áreas sensibles que habían sido rechazados en Diputados. Para compensar el gasto y mantener el equilibrio fiscal, el Ejecutivo propone una reasignación de partidas y un ajuste en el gasto político.

En el marco del tratamiento del Presupuesto 2026 en la Cámara Alta, el Gobierno nacional ha decidido modificar su estrategia parlamentaria. Tras el revés sufrido en Diputados, la Casa Rosada confirmó que no buscará revertir las modificaciones que garantizan el financiamiento para las universidades nacionales y las prestaciones por discapacidad. Esta decisión busca allanar el camino para la obtención del dictamen de comisión este mismo viernes, evitando que la discusión se trabe nuevamente en los puntos que generaron mayor resistencia social y política. No obstante, la premisa del “déficit cero” se mantiene inalterable, lo que obliga al Ministerio de Economía a presentar alternativas de financiamiento para cubrir el bache presupuestario que generan estas partidas.

La nueva propuesta del oficialismo se centra en una reasignación de partidas dentro de la Administración Pública Nacional. El plan consiste en absorber el costo del financiamiento universitario y de discapacidad mediante un recorte más profundo en los gastos de funcionamiento del Estado, la reducción de transferencias discrecionales a las provincias que aún no han sido ajustadas y la eliminación de estructuras jerárquicas consideradas redundantes. Esta ingeniería fiscal busca demostrar a los mercados y a los organismos internacionales que el compromiso con el equilibrio financiero no depende de una partida específica, sino de una conducta de austeridad generalizada que el Ejecutivo está dispuesto a sostener.

La postura de no insistir con la derogación de estos fondos representa una concesión política hacia los gobernadores y los bloques dialoguistas, quienes habían condicionado su apoyo a la preservación de estas áreas. Al retirar el Capítulo XI y otros artículos conflictivos, el Gobierno apuesta a una sanción rápida de la ley para evitar iniciar el próximo año con un presupuesto prorrogado, lo que limitaría su capacidad de gestión y renegociación de deuda. Sin embargo, los senadores de la oposición mantienen la guardia alta, exigiendo que las “alternativas” presentadas por el oficialismo sean explicitadas en el articulado para evitar que el ajuste termine licuando los fondos que hoy dicen proteger.

El escenario legislativo de las próximas horas será determinante para la gobernabilidad económica de 2026. Si el oficialismo logra las firmas necesarias para el dictamen, el proyecto quedará en condiciones de ser votado en el recinto la próxima semana. Esta resolución de conflicto por la vía de la negociación técnica marca una diferencia respecto a la intransigencia inicial, sugiriendo que el Gobierno ha priorizado la estabilidad institucional de contar con un presupuesto aprobado sobre la batalla ideológica por recortes específicos. El desafío ahora será garantizar que la nueva ingeniería financiera sea sostenible sin disparar la inflación ni comprometer servicios esenciales del Estado.


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