El juez Alexandre de Moraes autorizó que Jair Bolsonaro abandone temporalmente su celda para una cirugía de hernia bajo vigilancia policial extrema. El exmandatario, condenado a 27 años por intento de golpe, tendrá prohibido el uso de dispositivos electrónicos durante su internación.
El Supremo Tribunal Federal de Brasil, a través del magistrado Alexandre de Moraes, ha otorgado un permiso especial para que el exmandatario Jair Bolsonaro abandone su centro de reclusión y sea ingresado en un hospital. La medida responde a la necesidad de intervenir quirúrgicamente dos hernias inguinales detectadas en el político. No obstante, esta concesión sanitaria no relaja su situación procesal, ya que se ha dispuesto un operativo de vigilancia permanente a cargo de la Policía Federal, que custodiará tanto al paciente como las instalaciones médicas durante todo el proceso.
Esta salida representa el primer movimiento del líder del Partido Liberal fuera de las dependencias policiales desde que fuera encarcelado el pasado 22 de noviembre. El régimen de aislamiento se endureció tras un incidente previo en el que Bolsonaro admitió haber alterado su tobillera electrónica mientras cumplía arresto domiciliario. Aunque su defensa argumentó que el acto fue producto de una sospecha paranoica sobre micrófonos ocultos en el dispositivo, la justicia consideró que existía un riesgo real de evasión, lo que motivó su traslado a una celda en Brasilia.
Durante su estancia en el centro médico, la cual podría prolongarse por una semana según las estimaciones del equipo de cirugía, las restricciones serán severas. El juez prohibió expresamente el ingreso de teléfonos móviles o cualquier aparato de comunicación electrónica en la habitación. Únicamente se ha autorizado el acompañamiento presencial de su cónyuge, Michelle Bolsonaro, mientras el personal sanitario se enfoca en las tareas de recuperación postoperatoria, control de dolor y prevención de afecciones vasculares derivadas de la inmovilidad.
El contexto de su detención se remonta a la sentencia dictada en septiembre, cuando se le impuso una pena de 27 años y 3 meses de cárcel, junto con una sanción económica de 75.000 dólares. Los cargos que sustentan esta condena incluyen la dirección de una asociación ilícita para socavar la democracia, la destrucción de bienes históricos y el intento de derrocamiento violento del orden constitucional tras los comicios presidenciales. En la resolución final, De Moraes destacó el uso de la estructura estatal para sembrar caos institucional, aunque aplicó una reducción en la cuantía de la pena atendiendo a que el condenado supera los 70 años de edad.
Saif al Islam Gadafi, heredero del exdictador libio, fue ejecutado por un comando armado en su domicilio. El crimen, ocurrido tras años de persecución judicial y fallidas candidaturas presidenciales, extingue la posibilidad de un retorno del clan Gadafi al poder.
Donald Trump propuso que el Gobierno federal supervise las elecciones intermedias, desafiando la autonomía estatal garantizada por la Constitución. Los demócratas denuncian un intento de injerencia en los comicios de noviembre, mientras expertos advierten sobre posibles riesgos para el sistema democrático.
El Gobierno argentino impulsa una gira internacional para atraer inversiones en minería y energía, coincidiendo con el debate legislativo sobre la Ley de Glaciares. Mientras Milei disertará ante empresarios en Miami, sus ministros gestionan acuerdos por minerales críticos en Washington y Arabia Saudita.
Luis Caputo admitió que las tasas de interés están elevadas debido a la incertidumbre electoral, pero anticipó que bajarán junto con la inflación. El Gobierno busca reducir costos financieros para reactivar la economía y fomentar el ingreso de ahorros privados.
La moda ha convertido al café en un símbolo de estatus y productividad. Desde bolsos de lujo con forma de vaso hasta cafeterías en tiendas de Zara, Prada o Louis Vuitton, la industria glamuriza este ritual cotidiano para atraer consumidores aspiracionales.
Bolivia admitió que distribuye gasolina de baja calidad con residuos de magnesio, responsabilizando a la gestión anterior. Tras el fuerte aumento de precios, transportistas denuncian daños mecánicos masivos y exigen compensaciones económicas, mientras el Congreso investiga la responsabilidad de YPFB.
En 2025, el volumen de importaciones en Argentina creció un 30,5%, triplicando el avance de las exportaciones. El aumento fue liderado por vehículos y bienes de consumo, mientras que las ventas externas dependieron de materias primas frente a una industria estancada.
El Ministerio de Seguridad implementó el SIEFFSS, un sistema centralizado para que las fuerzas federales reporten operativos en tiempo real. La norma obliga a unificar datos sobre detenciones, recursos y víctimas, buscando transparencia y estadísticas precisas para el diseño de políticas.
