Una joven argentina fue detenida y encadenada en EE. UU. durante el trámite de residencia por matrimonio. Debido al endurecimiento de las leyes migratorias, enfrentar procesos de deportación es posible pese a estar casada, obligándola ahora a usar tobillera electrónica.
Lo que debía ser el paso final para regularizar su situación legal se transformó en una experiencia traumática para Felicitas, una joven de 22 años oriunda de Córdoba. Tras contraer matrimonio en febrero de 2025 con Marcus, un ciudadano estadounidense, la mujer asistió a una cita de ajuste migratorio en la que, inesperadamente, fue arrestada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Su madre, Mariana Lozita, denunció que la joven permaneció diez días en condiciones de extrema rigurosidad, siendo trasladada con esposas en pies y manos, unidas por una cadena a la cintura. El arresto se fundamentó en que Felicitas había excedido el tiempo de estancia permitido por su visa de trabajo original, la cual expiró en marzo. Pese a que la familia sostiene que el trámite matrimonial en curso le otorgaba el derecho a permanecer en el país, las autoridades procedieron con su detención bajo los nuevos lineamientos de control fronterizo.
El caso de la cordobesa no es un hecho aislado, sino la consecuencia de un cambio drástico en las políticas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) implementado recientemente. Bajo esta nueva normativa, las familias extranjeras se enfrentan a un escenario más hostil:
Sin protección automática: presentar una solicitud de residencia por matrimonio ya no impide que el ICE inicie un proceso de expulsión.
Vigilancia electrónica: tras pagar una fianza de 1.500 dólares, Felicitas recuperó su libertad, pero debe utilizar una tobillera de monitoreo hasta su audiencia definitiva.
Aumento del escrutinio: el gobierno justifica estas medidas como una herramienta para prevenir fraudes matrimoniales y garantizar la seguridad pública, exigiendo entrevistas presenciales más rigurosas.
Expertos en leyes migratorias advierten que esta modificación en el manual de procedimientos rompe con décadas de tradición en las que los cónyuges de ciudadanos estadounidenses estaban resguardados de la deportación mientras se resolvía su estatus. Actualmente, cualquier persona sin un estatus legal vigente al momento de la entrevista puede ser enviada a un tribunal de expulsión, incluso si no posee antecedentes delictivos.
Para Felicitas, el futuro es incierto. Aunque cuenta con un permiso laboral obtenido tras su boda, la jueza del caso deberá determinar si prevalece su derecho a la unidad familiar o si se ordena su salida obligatoria de los Estados Unidos. Organizaciones civiles alertan que este rigor extremo está desalentando a miles de inmigrantes que, aun cumpliendo con los requisitos para la residencia, temen ser detenidos al intentar completar sus trámites legales.
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