El gobierno de Nicolás Maduro excarceló a 99 detenidos políticos durante Navidad, en medio de tensiones con Washington. Aunque el gesto alivió a familias, organismos de derechos humanos lo consideran insuficiente ante los más de mil presos que aún permanecen encarcelados.
En una jornada marcada por la festividad navideña, la administración de Nicolás Maduro autorizó la salida de prisión de 99 personas detenidas por causas políticas, representando el volumen más alto de liberaciones en un solo año. Esta medida se produce en un contexto de máxima fricción diplomática con Estados Unidos y busca, según analistas, aliviar la presión internacional sin ceder el control interno sobre la disidencia. La gran mayoría de los beneficiarios son ciudadanos arrestados durante las movilizaciones posteriores a los comicios presidenciales de julio de 2025, blanco de denuncias por irregularidades.
El proceso de excarcelación se distribuyó en varios puntos neurálgicos del sistema penitenciario. Desde el penal de Tocorón egresaron 65 hombres, mientras que del recinto Las Crisálidas salieron tres mujeres. El listado se completó con la liberación de tres menores de edad en el estado Vargas y otros civiles en distintas dependencias. Entre los casos confirmados destaca el de la docente Marggie Orozco, quien había sido sentenciada recientemente a tres décadas de cárcel por difundir contenidos críticos a través de redes de mensajería privada.
Pese a este gesto, las entidades civiles mantienen una postura crítica y cautelosa. Agrupaciones como Justicia, Encuentro y Perdón señalaron que, aunque la medida trae un respiro a las familias en estas fechas, resulta insuficiente frente a los más de mil ciudadanos que aún permanecen tras las rejas por motivos ideológicos. Denuncian que el carácter selectivo de estos operativos confirma que la privación de la libertad sigue funcionando como una herramienta de persecución política y no como un acto de justicia genuina.
La salida de este centenar de personas no parece indicar un cambio profundo en la estrategia oficialista de distensión. Mientras se producían estas liberaciones, el aparato de seguridad del Estado continuó con la captura de nuevos referentes sociales y gremiales, como el politólogo Nicmer Evans. Para el chavismo, el incremento del asedio de Washington justifica la aprobación de leyes más punitivas y el endurecimiento de los procedimientos contra cualquier forma de disidencia, manteniendo un clima de polarización extrema en el país.
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