desplazamientos en colombia por guerra entre grupos armados

Enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las FARC provocaron el desplazamiento de 250 campesinos hacia Cúcuta y Ocaña durante Navidad, mientras otros 7.000 civiles permanecen confinados en escuelas rurales bajo la amenaza de ráfagas y ataques constantes.

Decenas de familias se vieron obligadas al desplazamiento forzado desde las zonas rurales. Foto: Andrés Carvajal.

Crisis humanitaria en el Catatumbo

Los combates por el control de las economías ilícitas en la subregión del Catatumbo empañaron las festividades decembrinas. Según reportó el Consejo Noruego para Refugiados (NRC), la violencia se recrudeció el 24 de diciembre, obligando a decenas de familias al desplazamiento forzado desde las zonas rurales de Tibú y El Tarra para salvar sus vidas.

La crisis persistió a pesar de que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las FARC anunciaron ceses al fuego unilaterales para el periodo navideño. No obstante, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, explicó el 23 de diciembre que estas treguas resultaron insuficientes, ya que los grupos armados mantuvieron las hostilidades entre sí, ignorando el impacto sobre la población civil que quedó atrapada en el fuego cruzado.

El drama del confinamiento rural

La situación técnica en el corregimiento de Pachelly, perteneciente al municipio de Tibú, fue calificada como crítica por los organismos de socorro. Los informes recientes indicaron que guerrilleros ingresaron a las viviendas para intimidar a los residentes, advirtiéndoles que no podían salir de la zona.

Este escenario generó que cerca de 6.000 personas buscaran refugio en espacios comunitarios y escuelas para protegerse de las ráfagas de fusil que se escucharon en videos difundidos por redes sociales.

Giovanni Rizzo, director de país del NRC en Colombia, advirtió que el número de afectados podría incrementarse en los próximos días. El directivo enfatizó que los desplazados llegaron a los cascos urbanos con necesidades urgentes de alimentación, agua segura y albergue temporal.

La región del Catatumbo, integrada por municipios como San Calixto, Hacarí, Teorama y Sardinata, registró una degradación de la seguridad desde mediados de enero de 2025, cuando inició la disputa abierta entre ambas organizaciones ilegales.

Presión sobre las administraciones locales

Las alcaldías de Cúcuta y Ocaña atendieron a los recién llegados, pero manifestaron su preocupación por la falta de recursos para sostener esta asistencia. La administración de Cúcuta emitió un comunicado el 24 de diciembre donde recordó que, a inicios de año, la ciudad ya recibió a miles de víctimas por un pico de violencia similar.

El gobierno local insistió en que la atención a los desplazados no debe recaer solo en los municipios receptores, sino que requiere una respuesta inmediata y coordinada del Estado.

De acuerdo con cifras de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), el escalamiento del conflicto armado afectó a 200.000 personas durante el año 2025.

Por su parte, la organización CODHES calificó estos eventos como crímenes de lesa humanidad, señalando que el desplazamiento forzado es una herida que no cierra en esta zona fronteriza rica en recursos naturales pero empobrecida por la guerra.

La ausencia de un pronunciamiento oficial por parte del Gobierno Nacional mantiene en vilo a las comunidades que exigen protección efectiva en el territorio.

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