El Gobierno nacional respaldó formalmente ante la Justicia de Estados Unidos una denuncia contra la AFA por desvíos millonarios. Se investiga el ocultamiento de 300 millones de dólares mediante sociedades fantasma, eludiendo controles fiscales y violando normativas de lavado de activos.
La administración de Javier Milei ha decidido intervenir formalmente en el conflicto que sacude los cimientos de la Asociación del Fútbol Argentino. A través de una comunicación oficial enviada por el Ministerio de Seguridad a la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida, el Estado argentino manifestó su respaldo total a la investigación por presuntas maniobras de lavado de activos y evasión impositiva que involucran a la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia. La Casa Rosada no solo avaló la denuncia presentada en el exterior, sino que se puso a disposición de las autoridades norteamericanas para aportar documentación clave sobre el circuito financiero de la entidad.
La investigación, que también está bajo la lupa del Departamento del Tesoro (FinCEN), se centra en el presunto desvío de fondos millonarios derivados de los derechos comerciales y partidos amistosos de la Selección Nacional. El expediente, impulsado originalmente por el empresario Guillermo Tofoni con el patrocinio del abogado estadounidense Gilberto M. García, detalla que al menos 19 millones de dólares fueron triangulados hacia cuentas en Estados Unidos en lugar de ingresar al sistema financiero argentino, tal como exige la normativa cambiaria y tributaria local.
El entramado bajo sospecha señala a la firma TourProdEnter LLC, radicada en Florida y vinculada al empresario Javier Faroni. Según la denuncia, esta sociedad actuaría como una estructura de papel, sin empleados ni infraestructura real, utilizada exclusivamente para captar ingresos que debían pertenecer a la AFA. Entre las pruebas aportadas figuran contratos por amistosos en China y patrocinios con plataformas de inversión que suman cifras astronómicas; estimaciones incluidas en la causa sugieren que el volumen total de dinero no declarado podría ascender a los 300 millones de dólares.
El respaldo del Ejecutivo argentino transforma una disputa entre privados en un asunto de Estado con graves implicancias institucionales. Para la Casa Rosada, los hechos denunciados representan violaciones directas a la legislación anticorrupción. La misiva enviada al fiscal Jason A. Reding Quiñones subraya que la Argentina valora la cooperación con los Estados Unidos en la regulación de la conducta financiera internacional y la transparencia en el deporte. Esta postura marca una distancia irreversible entre el Gobierno y la actual cúpula de la AFA, cuya estructura de decisiones está hoy bajo la mirada del sistema bancario estadounidense (Synovus Bank) por haber operado fuera de los controles de debida diligencia.
El caso avanza ahora en los tribunales de Florida bajo el régimen de protección de denunciantes, mientras el Gobierno espera que la justicia federal estadounidense determine la responsabilidad de los altos directivos de la calle Viamonte. La pregunta que subyace en el expediente es si la concentración de poder en la AFA permitió que estos flujos de dinero se manejaran sin auditorías independientes, eludiendo tanto al Banco Central como al fisco argentino en medio de la euforia por los éxitos deportivos de la Selección.
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