La magistrada Loretta Preska, titular del tribunal del Segundo Distrito Sur de Manhattan, ha establecido un calendario formal para analizar las peticiones de desacato y penalidades contra el Estado argentino. Esta decisión surge en medio de la fase de ejecución de la sentencia que obliga al país a abonar 16.100 millones de dólares más intereses por la expropiación de la petrolera. La jueza ha reservado las jornadas del 23 y 24 de marzo de 2026 para llevar a cabo audiencias probatorias, un paso que la defensa de los acreedores interpreta como una señal de que los reclamos por obstrucción están siendo tomados con suma gravedad por la corte estadounidense.
El núcleo del conflicto actual reside en la negativa de Buenos Aires a facilitar el acceso a comunicaciones privadas de altos mandos y exfuncionarios. Burford Capital, el principal beneficiario del fallo, busca obtener correos y mensajes personales para demostrar que la República Argentina e YPF operaban bajo la figura de “alter ego”, es decir, como una única voluntad jurídica. El acceso a estos datos es parte del proceso de “discovery”, una etapa técnica donde los demandantes intentan identificar activos estatales que puedan ser embargados para cubrir el millonario compromiso financiero.
Desde la representación legal argentina se sostiene que el Estado no tiene potestad para entregar registros de dispositivos o cuentas particulares sin la autorización expresa de sus titulares. Aunque algunos exmiembros de la administración han accedido a la petición, figuras centrales del gabinete actual, como el ministro de Economía y el titular de Relaciones Exteriores, habrían rechazado el consentimiento. Esta resistencia ha llevado a los querellantes a solicitar una orden judicial que declare al país en rebeldía, lo que podría acarrear multas diarias y un endurecimiento de las condiciones de negociación.
El cronograma fijado por Preska estipula que el intercambio de documentación técnica y escritos informativos se extenderá desde mediados de enero hasta principios de marzo. Según expertos en derecho internacional, si Argentina no modifica su postura respecto a la privacidad de las comunicaciones oficiales, la audiencia de finales de marzo podría culminar en una declaración formal de desacato. Tal resolución afectaría no solo la imagen del país ante los mercados financieros globales, sino que también otorgaría a los demandantes nuevas herramientas legales para avanzar sobre propiedades y recursos argentinos en el exterior.