Sacanta aprobó una ordenanza que quita beneficios fiscales y planes de pago a deudores alimentarios desde 2026. La medida, que busca garantizar los derechos de los menores, podría convertirse en ley provincial tras el interés de legisladores en replicar el modelo.
En una resolución administrativa sin precedentes en la región, la comuna de Sacanta ha establecido un nuevo marco regulatorio que penaliza económicamente a los padres que adeuden la manutención de sus hijos. La normativa local estipula que cualquier ciudadano que registre mora en sus obligaciones alimentarias quedará automáticamente excluido de las ventajas financieras que ofrece el municipio. Esto implica que los infractores no podrán acceder a condonaciones de deudas, planes de pago flexibles ni bonificaciones especiales por cumplimiento de tributos municipales, vinculando directamente la ética familiar con la capacidad de ser beneficiario del Estado local.
La reglamentación, que entrará en vigor con el inicio del ciclo fiscal 2026, fue una propuesta impulsada por el bloque de la Unión Cívica Radical y recibió el respaldo total de los representantes legislativos del pueblo. Los criterios para aplicar estas sanciones se basarán en la presencia del individuo en el listado oficial de morosos o mediante una sentencia judicial que ratifique el incumplimiento. Con esta decisión, la administración del departamento San Justo busca proteger los derechos básicos de los menores, utilizando las herramientas administrativas como un mecanismo de presión para garantizar que los recursos destinados a salud, educación y alimentación de los niños sean priorizados.
El origen de esta ordenanza reside en el aumento de litigios familiares detectado tras consultas con profesionales del derecho y habitantes de la zona. Ante la creciente problemática de progenitores que evaden sus responsabilidades, las autoridades locales decidieron que los incentivos públicos deben estar reservados para aquellos que demuestren comportamientos solidarios y respetuosos de la ley. Según los impulsores de la medida, el objetivo final no es meramente recaudatorio o punitivo para el municipio, sino pedagógico, intentando restaurar un orden de prioridades donde el bienestar de la infancia prevalezca sobre cualquier otro interés económico.
Dada la relevancia del antecedente, el proyecto ha captado la atención de las esferas políticas provinciales. Existe un plan concreto para trasladar este modelo de gestión a la Legislatura de Córdoba con el fin de unificar criterios en todo el territorio cordobés. Si la iniciativa prospera a nivel legislativo durante el transcurso del año, la provincia podría implementar un sistema integral donde el historial de cumplimiento alimentario sea un requisito obligatorio para acceder a subsidios o programas estatales en cada uno de sus municipios, convirtiendo la experiencia de Sacanta en el estándar de la política pública provincial.
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